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La reestructuración e insolvencia es un conjunto de procedimientos destinados a ayudar a empresas y personas físicas con deudas excesivas. En San Isidro, como en toda España, se rige principalmente por la Ley Concursal y la normativa de la Unión Europea aplicable. El objetivo es facilitar la continuidad de la actividad económica cuando sea viable o, si no resulta posible, garantizar una liquidación ordenada y equitativa.
En la práctica, en San Isidro estos procesos suelen gestionarse ante el Juzgado de lo Mercantil competente y requieren asesoramiento de un letrado especializado en insolvencia. Contar con asesoría legal desde el inicio ayuda a proteger activos y a negociar con acreedores de forma más eficiente. Además, permite entender las opciones de reestructuración, acuerdos de refinanciación y, si procede, el proceso de liquidación.
Una empresa con liquidez reducida debe valorar un plan de refinanciación que cumpla con la normativa concursal. Un asesor legal puede estructurar un acuerdo de acreedores viable y evitar una liquidación prematura.
Si una empresa local recibe múltiples reclamaciones, un abogado puede gestionar la moratoria, ordenar la priorización de pagos y proponer un plan de pagos aceptable para acreedores y trabajadores.
Un autónomo puede verse obligado a acudir a un concurso voluntario para proteger su negocio y negociar quitas o plazos. Un letrado experto en insolvencia ayuda a valorar opciones y costos.
En casos de deudas empresariales que afecten también a la vivienda o bienes personales, un abogado puede solicitar medidas de protección y evaluar la posibilidad de una reorganización de la deuda.
La reestructuración puede incluir acuerdos con entidades financieras para ampliar plazos o reducir intereses. Un asesor legal facilita la negociación y la redacción de contratos.
Cuando la continuidad no es viable, un abogado gestiona la liquidación de activos de forma ordenada y la satisfacción equitativa de acreedores, minimizando pérdidas para el deudor.
Las leyes que rigen la Reestructuración e Insolvencia en España son de ámbito nacional, con aplicación directa en San Isidro. Entre las normas clave se encuentran las reglas de procedimiento y las figuras de reestructuración previstas en la Ley Concursal. La normativa de la Unión Europea también regula aspectos de insolvencia transfronteriza cuando haya involucrados actores situados en otros Estados miembros.
Ley Concursal: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, regula el concurso voluntario y necesario, así como los procedimientos de reestructuración y liquidación. (Aplicación general en San Isidro y Canarias).
Reglamento (UE) 848/2015: regula la cooperación entre estados y las reglas de insolvencia transfronteriza dentro de la UE. Es especialmente relevante si hay activos o acreedores en otros países de la Unión.
La finalidad de la Ley Concursal es facilitar la continuidad de la empresa y la satisfacción equitativa de los acreedores.
El concurso de acreedores puede ser voluntario o necesario y contempla la posibilidad de acuerdos de refinanciación para evitar la liquidación.
La insolvencia transfronteriza se regula para facilitar la cooperación entre Estados miembros y la continuación de procesos cuando hay bienes o deudas en más de un país.
La insolvencia es la incapacidad de una persona o empresa para pagar sus deudas. El concurso ofrece un marco para gestionar deudas, proteger a acreedores y, si procede, reorganizar la empresa.
Es un acuerdo con acreedores para reorganizar deudas, plazos y condiciones de pago. Sirve para empresas en situación de iliquidez con posibilidades de viabilidad.
La decisión depende de la viabilidad de la empresa y de la evaluación de sus activos, pasivos y flujo de caja. Un letrado evalúa si es posible un acuerdo o si conviene liquidar.
Cuando hay incumplimiento de pagos o inminencia de insolvencia, es recomendable presentar el concurso voluntario para ganar tiempo y proteger la empresa.
En San Isidro, los procedimientos suelen tramitarse ante el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, que gestiona casos de la zona.
Un letrado especializado evita errores, gestiona plazos y facilita la negociación de acuerdos que maximicen las oportunidades de viabilidad de la empresa.
Sí, las personas físicas también pueden acudir a un concurso si cumplen los requisitos legales, con el objetivo de reorganizar sus deudas.
Sí, un plan de refinanciación puede suspender embargos y dar tiempo para estabilizar la situación, pero debe ser viable y aprobado por acreedores y tribunal.
Los costos varían según la complejidad y el alcance de la intervención. Es recomendable pedir estimaciones y planificar con anticipación.
El voluntario lo inicia el deudor; el necesario es iniciado por acreedores o el juez por circunstancias de insolvencia. Ambos buscan proteger derechos y viabilidad.
Los plazos dependen del tipo de procedimiento y del plan acordado. Un abogado puede indicar los marcos temporales aplicables en cada caso.
Se suele basar en la complejidad, el tiempo invertido y las tarifas habituales del despacho. Es razonable acordar un presupuesto por adelantado.
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