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La Reestructuracion e Insolvencia es el conjunto de herramientas juridicas para tratar a deudores insolventes o que buscan reorganizar su deuda. En Argentina, estos procesos se rigen principalmente por normas nacionales, pero se aplican en cada jurisdiccion, incluyendo San Martin. Los objetivos son proteger a los acreedores y facilitar la continuidad operativa de empresas cuando es viable. Se manejan rutas como concursos preventivos, acuerdos entre acreedores y estructuras de liquidacion ordenada.
En la practica, un abogado especialista puede asesorar sobre si conviene un plan de pagos, una restructuracion extrajudial o un proceso ante tribunales. La decision depende de la situacion financiera, la naturaleza de las deudas y las perspectivas de recuperacion. Contar con asesoramiento juridico desde el inicio ayuda a evitar sanciones, embargos y costos innecesarios.
La reestructuracion e insolvencia en San Martin esta regida principalmente por normas de alcance nacional aplicables a todo el territorio argentino. Entre ellas, destaca la Ley Nro 24.522 de Concursos y Quiebras, vigente desde 1995, que regula concursos preventivos, quiebras y acuerdos de accionistas o acreedores. Esta ley establece plazos, requisitos y efectos de las medidas para deudores y acreedores.
El Codigo Civil y Comercial de la Nacion, aprobado por Ley Nro 26.406 y vigente desde 2015, aporta reglas sobre contratos, obligaciones y procedimientos relacionados con deudas. Aunque el foco central de concursos y quiebras recae en la Ley 24.522, el CCCN proporciona marco general para la interpretacion de obligaciones, garantias y procedimientos civiles conexos.
La Ley Nro 19.550 de Sociedades Comerciales tambien tiene influencia, especialmente para leyes relacionadas con la constituicion, administracion y reorganizacion de empresas. Aunque el CCCN moderno ha modificado asuntos de derecho societario, la normativa de sociedades sigue siendo relevante para planes de reestructuracion y acuerdos con acreedores.
Un concurso preventivo es un proceso para reorganizar deudas evitando ejecuciones. El deudor presenta una solicitud ante el tribunal y, si es aceptada, se suspende la mayoria de las acciones ejecutivas. Se busca un plan de pagos aprobado por acreedores para permitir la continuidad de operaciones.
La quiebra es una conclusion del proceso concursal que termina en la liquidacion de bienes. El deudor puede perder control sobre sus activos y el administrador de la quiebra distribuye fondos entre acreedores conforme a un plan. Puede haber restricciones para ejercer actividades futuras.
Se inicia con una peticion presentada ante el juez competente. Debe incluir un plan preliminar de reestructuracion, informacion financiera y certificaciones de ingresos. Es clave demostrar que la deuda es sostenible con un plan razonable.
Los honorarios varian segun la complejidad y la jurisdiccion. Se recomienda solicitar un presupuesto por escrito, incluir honorarios por gestion y posibles gastos judiciales. Algunos abogados ofrecen honorarios contingentes o por hora.
Si buscas una salida ordenada y evitar litigios, un abogado es clave. Puede evaluar elegibilidad, preparar documentos y representarte ante el tribunal y ante acreedores. En San Martin, la experiencia local facilita la gestion ante juzgados y cámaras comerciales.
La reestructuracion busca salvar la empresa mediante planes de pago y acuerdos con acreedores. La liquidacion implica vender activos para satisfacer obligaciones y cerrar operaciones. La decision depende de la viabilidad economica y legal.
Los plazos varian. En general, el proceso puede durar de 6 a 18 meses dependiendo del monto de deudas, numero de acreedores y la rapidez en la aprobacion de un plan. Casos complejos pueden extenderse.
Sí, las personas naturales con deudas insolventes pueden solicitar un concurso preventivo. El objetivo es estructurar un plan de pagos que permita satisfacer acreedores y evitar embargos. La viabilidad depende de ingresos y activos disponibles.
En muchos casos, la empresa puede continuar operando si el tribunal autoriza la continuidad. Esto ayuda a generar ingresos para cumplir el plan. Sin embargo, pueden imponerse restricciones para movimientos de activos y contrataciones.
Se requieren estados financieros, balances, listados de acreedores y deudas, contratos relevantes y plan de restructuracion. También se solicita información sobre empleados, activos, hipotecas y garantias. La preparacion exhaustiva facilita el proceso.
El incumplimiento puede activar medidas como la aprobacion judicial de medidas coercitivas, rechazo de planes futuros o la reautorizacion de embargos. El tribunal puede revaluar la viabilidad de la restructuracion y abrir una quiebra.
La ley prevé la suspension de ejecuciones mientras se evalua un plan. Asimismo, se busca evitar que acreedores obtengan bienes de manera acelerada. Cada caso se gestiona con reglas especificas en el tribunal competente.
Fuente: https://www.pjn.gov.ar
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/justicia
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