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En Santa Marta, como en el resto de Colombia, la reestructuración empresarial y la insolvencia regulan mecanismos para mantener la continuidad de una empresa en crisis y gestionar sus deudas de forma ordenada. Estas figuras buscan proteger la viabilidad del negocio, a la vez que salvaguardan a acreedores y trabajadores. El procedimiento puede ser judicial o extrajudicial, según el caso y la normativa aplicable.
La jurisdicción de Santa Marta aplica las normas nacionales de reestructuración e insolvencia ante los tribunales mercantiles y los organismos de supervisión correspondientes. Un asesor legal en la ciudad puede orientar sobre cuál es la ruta más adecuada para cada empresa, considerando su sector, tamaño y deudas. Contar con un letrado especializado facilita la negociación de planes de pago y la protección de empleos locales.
Para residentes y empresarios de Santa Marta, entender el marco local e identificar oportunidades de solución temprana puede evitar la liquidación y mejorar las posibilidades de mantener la operación. Este guía ofrece un panorama práctico y localizado para iniciar el proceso con apoyo profesional.
“La reestructuración empresarial tiene como objetivo mantener la continuidad de la empresa y proteger a acreedores y trabajadores.”
“El Código General del Proceso regula los procesos mercantiles y el manejo de la insolvencia dentro del marco legal colombiano.”
“La normativa de reestructuración busca la viabilidad de la empresa y la salvaguarda de empleos.”
Fuente: Superintendencia de Sociedades, Rama Judicial de Colombia, Procuraduría General de la Nación.
La reestructuración empresarial es un proceso para reorganizar deudas y operaciones con el fin de mantener la empresa en funcionamiento. Aplica cuando existe riesgo de insolvencia y se busca un plan viable aceptado por acreedores.
Debe asesorarse con un abogado local y presentar un plan de reestructuración ante el juez competente o ante la autoridad prevista por la normativa. La etapa inicial suele incluir la elaboración de un diagnóstico financiero y la negociación con acreedores.
Cuando la empresa tiene potencial de recuperación, suficientes activos y flujo de caja para pagar deudas bajo un plan aprobado. La reestructuración busca evitar la liquidación y proteger empleos.
La solicitud se presenta ante el órgano judicial mercantil del circuito correspondiente y, en su caso, ante la entidad reguladora prevista en la Ley 1116 de 2006.
Un abogado ayuda a estructurar un plan que contemple pagos laborales, salvaguarde derechos de trabajadores y evite sanciones a la empresa.
Sí. Un letrado autorizado puede gestionar acuerdos de pago, plazos y condiciones para la reestructuración o el plan de pagos.
Sí. Un plan de pagos bien diseñado reduce el riesgo de rupturas de suministro y mejora la viabilidad del negocio durante la reestructuración.
Puede ser ambos. Existen mecanismos extrajudiciales y, cuando no se llega a acuerdo, procesos judiciales que formalizan la reestructuración.
Incluyen honorarios profesionales, costos de diligencias, y posibles gastos de viaje o certificaciones. Pide un presupuesto por escrito y un cronograma de pagos.
La duración varía según complejidad, tamaño y acuerdos con acreedores. En casos simples puede durar meses; en escenarios complejos, varios semestres.
No es imprescindible vivir en Santa Marta, pero la cercanía facilita gestiones, reuniones y supervisión local del abogado.
La reestructuración busca conservar la empresa con un plan de pagos viable. La liquidación implica cerrar operaciones y repartir activos entre acreedores.
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