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El abuso sexual es una conducta punible que afecta la libertad e indemnidad de la persona. En Las Palmas de Gran Canaria, como en el resto de España, estas infracciones se persiguen con arreglo al Código Penal y a las leyes procesales vigentes. Las víctimas tienen derecho a asistencia letrada, protección y a una respuesta judicial adecuada ante los hechos denunciados.
La protección de las víctimas incluye medidas para evitar la revictimización y facilitar el acceso a la justicia, especialmente cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Un abogado especializado puede orientar sobre denuncias, protección de pruebas y procedimientos penales y civiles posteriores a la denuncia.
“La Ley Orgánica 10/2022 garantiza la libertad sexual y establece que el consentimiento libre y explícito es esencial para tipificar un acto sexual.”
Fuente: Gobierno de España - Ministerio de Justicia y otros órganos oficiales, disponible en mjusticia.gob.es y en el portal institucional de Canarias.
“El Código Penal tipifica las conductas de agresión y abuso sexual y, desde la reforma de 2022, refuerza la protección de las víctimas.”
Fuente: Gobierno de Canarias - Instituto Canario de Igualdad y Ministerio de Justicia, disponible en gobiernodecanarias.org y mjusticia.gob.es.
El abuso sexual implica actos sexuales sin consentimiento claro, mientras que la agresión sexual suele implicar violencia o intimidación. En Las Palmas, las diferencias se han clarificado con la Ley Orgánica 10/2022. Un abogado puede explicar cómo se aplican estos conceptos a su caso específico.
Puede acudir a una comisaría o a la Guardia Civil de Las Palmas para iniciar la denuncia. Un asesor legal puede acompañarlo en las diligencias, asesorar sobre pruebas y gestionar medidas de protección para la víctima.
Los honorarios varían según la complejidad y la duración del caso. Muchos abogados ofrecen una primera consulta gratuita o con tarifa reducida y pueden pactar un porcentaje sobre la indemnización obtenida.
La duración depende de la carga probatoria y del volumen de pruebas. En general, los procesos penales pueden durar meses, incluso más de un año, y los procedimientos de protección suelen gestionarse en semanas si hay riesgo inmediato.
Sí. Es aconsejable contar con asesoría para entender derechos, recoger pruebas, solicitar medidas de protección y preparar una estrategia de defensa o de reclamación de daños.
Sí. Las víctimas pueden reclamar compensación civil por daños morales y económicos. El letrado gestiona la reclamación y la coordinación con la Fiscalía cuando procede.
Una denuncia es una comunicación a las autoridades; una querella es una acción judicial formal presentada por la víctima o su letrado. En casos complejos, puede ser necesaria una querella para activar determinadas diligencias.
Pruebas médicas, informes forenses, testimonio de víctimas y testigos, y evidencias digitales cuando existan. Un abogado orienta sobre qué pruebas solicitar y cómo preservarlas correctamente.
Sí. El sistema judicial español permite que menores participen como testigos protegidos cuando corresponde. Un letrado vela por derechos del menor y su seguridad emocional durante el proceso.
Las denuncias por abuso sexual suelen tramitarse en la jurisdicción penal local. En Las Palmas, el procedimiento se coordina con la Fiscalía provincial y los juzgados de la provincia de Las Palmas.
La solicitud puede realizarse ante el juez o la autoridad competente cuando exista riesgo inmediato. Un abogado puede acelerar este proceso y supervisar su vigencia.
La prescripción varía según el tipo de delito. Un abogado puede indicar el plazo específico aplicable a su caso y asesorar sobre medidas para evitar la prescripción.
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