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El acoso sexual es una forma de violencia basada en la desigualdad de género. En Córdoba, como en el resto de Argentina, se regula principalmente por leyes nacionales que protegen a las víctimas y obligan a evitar conductas de ese tipo en ámbitos laborales, educativos y públicos.
La normativa busca prevenir, denunciar y sancionar conductas que vulneran la integridad física y psicológica de las personas. En la práctica, quienes sufren acoso sexual pueden acudir a asesoría legal para valorar medidas de protección, denuncia penal y/o demandas civiles o laborales.
En Córdoba, las instituciones públicas y privadas deben aplicar estas normas y garantizar rutas seguras de denuncia, acompañamiento y acceso a la justicia. La asesoría legal especializada ayuda a entender derechos, pruebas y plazos procesales específicos de cada caso.
Normas nacionales vigentes en Córdoba rigen la protección frente al acoso sexual y la violencia de género. Estas leyes se aplican en la provincia, con adaptaciones administrativas para el ámbito local.
Ley 26.485 - Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Esta norma establece medidas para prevenir la violencia, incluidas situaciones de acoso sexual, y facilita el acceso a justicia y servicios de apoyo.
Ley 27.499 - Ley Micaela. Impone capacitación obligatoria en perspectiva de género para el personal de todos los poderes del Estado y de instituciones públicas y autorizadas, con impacto en Córdoba desde su implementación nacional.
Además, Córdoba aplica protocolos locales para la atención de víctimas y coordinación entre organismos públicos y privados. Estos protocolos buscan agilizar denuncias, derivaciones y apoyo integral a las víctimas.
La Línea 144 atiende las 24 horas para recibir denuncias y brindar orientación y derivación a servicios de apoyo.
La Ley 26.485 tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, facilitando el acceso a la justicia y a servicios de apoyo.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para el personal de instituciones del Estado.
Es conductas de carácter sexual que buscan humillar, intimidar o coaccionar, ya sea en el trabajo, la escuela o espacios públicos, afectando la dignidad de la persona.
Acude a la comisaría más cercana o a la sede judicial correspondiente para presentar una denuncia. Un asesor legal puede acompañarte y ayudarte a reunir pruebas.
Inmediatamente después del hecho, o tan pronto como puedas. Un abogado puede orientarte sobre medidas de protección y tiempos procesales.
Existen servicios de orientación y defensoría pública. Consulta en tu municipio o en la sede de la defensa pública local para confirmar opciones gratuitas.
La evidencia temprana facilita la reconstrucción de hechos, la verificación de testimonios y la preservación de pruebas, como mensajes, videos o testigos.
Sí. Un abogado puede solicitar medidas de protección ante la autoridad judicial para prevenir más daños o intimidación.
No siempre es obligatorio, pero un letrado facilita la presentación, la recopilación de pruebas y la gestión de la causa.
El acoso sexual es específico en conductas de naturaleza sexual. La violencia psicológica abarca hostigamiento emocional, coerción o humillación no necesariamente sexual.
Testimonios, registros de mensajes o correos electrónicos, grabaciones permitidas por la ley, informes médicos y pruebas de contexto laboral o académico.
Los honorarios varían por experiencia y complejidad. Pregunta por tarifas por hora, gastos y posibles acuerdos de pago durante la causa.
La retención o alteración de pruebas puede afectar la credibilidad del caso. Un letrado puede presentar medidas para asegurar la integridad de las pruebas.
Sí. Puedes solicitar un cambio de asesor legal si consideras que la representación no es adecuada. Debes notificar al tribunal o a la fiscalía.
La Línea 144 atiende las 24 horas para recibir denuncias y brindar orientación y derivación a servicios de apoyo.
La Ley 26.485 tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, facilitando el acceso a la justicia y a servicios de apoyo.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para el personal de instituciones del Estado.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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