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En Florida, Estados Unidos, el acoso sexual es una forma de discriminación laboral prohibida por el Florida Civil Rights Act, Capítulo 760 de las Florida Statutes, y por el Title VII a nivel federal. Estas normas buscan garantizar un ambiente de trabajo libre de conductas inapropiadas y sancionar la retaliación hacia quien denuncia el acoso.
En Argentina, el acoso sexual se regula como una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y escolar. La Ley 26.485 regula medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos. Además, la Ley Micaela (Ley 27.499) exige capacitación con perspectiva de género para funcionarias y funcionarios públicos. Estas normas impulsan la protección, la denuncia y la reparación de las víctimas.
Florida Civil Rights Act (Capítulo 760, Florida Statutes): prohíbe la discriminación por sexo y el acoso en empleo, vivienda y servicios públicos dentro del estado. La interpretación de estas normas se realiza a través de la Comisión para las Relaciones Humanas de Florida.
Title VII of the Civil Rights Act (1964): norma federal que prohíbe la discriminación por sexo y el acoso sexual en el empleo en todo Estados Unidos. Es complementaria al marco estatal y puede dar lugar a reclamaciones ante la EEOC o a juicios federales.
Ley 26.485 (Argentina, 2009): regula la violencia contra las mujeres y establece responsabilidades para prevenir, sancionar y erradicar el acoso en ámbitos laborales y educativos; crea mecanismos de denuncia y protección de víctimas.
Ley Micaela, Ley 27.499 (Argentina, 2017- vigente desde 2019): establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para funcionarias y funcionarios públicos, con impacto en la prevención de la violencia contra las mujeres en el servicio público.
El acoso sexual implica comentarios, insinuaciones, gestos o conductas de carácter sexual que crean un ambiente hostil y afectan el empleo o la educación. Se diferencia de una molestia aislada en la repetición y la intención de la conducta.
Debe presentar una queja ante la autoridad laboral correspondiente o ante la oficina de recursos humanos de su institución. También puede presentar una denuncia ante la EEOC en EE. UU. o ante autoridades nacionales en Argentina.
Si las conductas persisten, hay retaliación, o necesita iniciar acciones legales para buscar compensación o medidas de protección, es prudente consultar a un abogado.
En Florida, puede acudir a la EEOC para reclamaciones federales o a la FCHR para reclamaciones estatales. En Argentina, puede acudir a las autoridades laborales y a instancias judiciales correspondientes según el caso.
Las pruebas documentales fortalecen la denuncia y permiten defender derechos de manera más efectiva ante tribunales o ante agencias administrativas.
Sí. Un abogado puede evaluar daños recientes, compensación por estrés emocional y costos médicos o de asesoría, así como daños punitivos cuando corresponda.
La mediación puede resolver el conflicto de forma más rápida y confidencial, pero no siempre es adecuada si hay peligros de retaliación o necesidad de medidas inmediatas.
Los costos varían. Hay tarifas por hora, acuerdos de contingencia o planes de pago. Una consulta inicial suele ayudar a definir la estrategia y el presupuesto.
La duración depende de la complejidad, pruebas y resolución institucional. Los procesos pueden extenderse de meses a años en casos litigiosos.
El acoso sexual es una forma de discriminación basada en sexo que implica conductas sexuales repetidas. La discriminación puede ser por otros motivos además del sexo.
No siempre es necesario, pero un asesor legal puede ayudar a decidir la mejor ruta, preparar pruebas y representar en mediación o en juicio si corresponde.
“Sexual harassment is illegal under Title VII of the Civil Rights Act of 1964.”
“Violence and harassment in the world of work must be eliminated.”
“Violence against women is a human rights violation and a public matter that concerns all actors.”
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