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En Peru no existe una figura única denominada formalmente como “Financiación con Incremento de Impuestos”. En la práctica, los instrumentos más cercanos son las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas. Estos mecanismos permiten financiar obras de infraestructura mediante créditos o incentivos fiscales a actores privados, bajo supervisión de autoridades tributarias y de contrataciones.
La finalidad de estos marcos es facilitar inversiones en infraestructura sin generar un gasto inmediato para el erario, manteniendo control sobre la ejecución y la calidad de los proyectos. Un asesor legal especializado puede ayudar a definir la estructura adecuada, analizar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo tributario, contractual y ambiental.
“Las Obras por Impuestos permiten a las empresas financiar obras de infraestructura pública mediante crédito fiscal generado por su pago de impuestos.”
“El marco de Asociaciones Público-Privadas tiene por objeto promover la inversión en infraestructura mediante la cooperación entre el sector público y el privado.”
“OSCE supervisa y regula las contrataciones estatales para garantizar transparencia y competencia en proyectos de inversión pública.”
Las normas relevantes en Peru para estas figuras incluyen leyes y reglamentos que regulan obras por impuestos, asociaciones público-privadas y contratación del Estado. El marco legal busca garantizar claridad en la elegibilidad, ejecución, supervisión y resolución de disputas de estos proyectos.
Las principales normativas incluyen:
La obra por impuestos permite financiar una infraestructura pública mediante un crédito fiscal otorgado a la empresa aportante. El crédito reduce la carga tributaria y se canaliza al proyecto público aprobado.
La empresa aporta recursos para la obra y, a cambio, recibe un crédito fiscal que reduce sus impuestos. El proceso exige aprobación de una autoridad competente y cumplimiento de requisitos formales.
Una APP resulta viable cuando hay necesidad de inversión, transferencia de riesgos y garantía de servicio a largo plazo. Se evalúa con análisis de costo-beneficio y marco contractual claro.
Las propuestas suelen presentarse ante entidades públicas y ventanillas autorizadas, como ministerios sectoriales, gobiernos regionales o municipales, y entidades reguladoras como SUNAT y OSCE.
Un asesor evita errores en elegibilidad, cumplimiento fiscal, plazos y cláusulas contractuales. También gestiona due diligence y posibles disputas.
Las modificaciones requieren aprobación regulatoria y pueden implicar ajustes en plazos, costos y créditos fiscales. Es clave consultar desde el inicio.
Depende del perfil del proyecto y la capacidad de inversión. Un abogado puede evaluar la viabilidad y la estructura más adecuada.
Los costos varían según la complejidad y el alcance. Conviene solicitar propuestas y comparar honorarios, plazos y antecedentes de casos similares.
Obras por Impuestos es un crédito fiscal para financiar una obra específica. APP es una alianza más amplia para diseñar, financiar, construir, operar y transferir servicios o infraestructura.
Los plazos varían por proyecto y jurisdicción. Un letrado puede estimar tiempos típicos y planificar hitos para evitar retrasos significativos.
Sí, existen criterios de elegibilidad. Un abogado puede preparar la documentación y guiar el proceso de cumplimiento para calificar.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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