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La responsabilidad por daños tóxicos en Colombia es una figura de la responsabilidad civil que busca reparar daños causados por sustancias tóxicas o peligrosas a personas, bienes o al ambiente. Se aplica cuando hay daño, causalidad y relación entre la acción u omisión y el daño sufrido.
Este campo combina principios de responsabilidad civil extracontractual y normas ambientales para determinar quién debe reparar el daño. En muchos casos, pueden involucrarse fabricantes, empleadores, operadores de instalaciones y transportistas de sustancias peligrosas.
La protección del medio ambiente está estrechamente ligada a la salud pública y al bienestar de la población.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (PAHO) - paho.org
Constitución Política de Colombia, artículo 79 - Establece que toda la ciudadanía tiene derecho a un medio ambiente sano y a la protección de los recursos naturales. Este marco constitucional impulsa la responsabilidad de reparar daños ambientales cuando ocurren.
Ley 99 de 1993 - “Sistema Nacional Ambiental” (trasciende la regulación de aspectos ambientales al marco de responsabilidad cuando hay daño ambiental). Vigente y ha sido objeto de reformas para adaptar la normativa a nuevas realidades ambientales.
Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Regula procedimientos, licencias, permisos y obligaciones de prevención y remediación ante impactos ambientales. Vigente con múltiples actualizaciones para incorporar cambios tecnológicos y metodológicos.
La responsabilidad ambiental debe combinar prevención, reparación y medidas de remediación para evitar daños futuros.
Fuente: OECD - environmental liability guidance (oecd.org)
Es la responsabilidad civil por perjuicios derivados de sustancias tóxicas o peligrosas. Cubre daños a la salud, a la propiedad y al ambiente por actos u omisiones de terceros.
Se deben presentar pruebas técnicas, peritajes ambientales y médicos. Es fundamental establecer nexo causal entre la exposición y el daño específico.
Cuando exista daño probado y relación causal, idealmente dentro de los plazos legales de prescripción y conforme a las reglas del proceso civil.
Ante la jurisdicción civil competente y, cuando corresponda, ante autoridades administrativas ambientales y tribunales regionales. El asesor legal orientará sobre la ruta adecuada según el caso.
Para evaluar la viabilidad, reunir pruebas, negociar acuerdos y representar en procesos judiciales o administrativos. Un letrado ayuda a estructurar la reclamación y administrar costos.
Sí. Si la exposición deriva de incumplimientos de normas de seguridad y genera daños, puede haber responsabilidad del empleador y/o de terceros involucrados.
Reúna informes de calidad del aire y del agua, resultados de exámenes médicos y antecedentes de contacto con la sustancia. Una buena recopilación facilita la valoración del caso.
En la mayoría de casos complejos se recomiendan peritajes técnicos para sustentar la reclamación. El abogado coordina con peritos especializados.
El costo varía según la complejidad, la duración y el modo de contratación. Muchos abogados manejan honorarios por hora o contingentes según el resultado.
La responsabilidad civil busca reparación económica ante daños. La responsabilidad administrativa implica sanciones o medidas administrativas por infracciones ambientales.
Los plazos varían según el caso y la complejidad. En general, procesos civiles pueden tardar varios meses a años, particularmente cuando hay múltiples actores y pruebas técnicas.
La prevención y la reparación adecuada de daños ambientales reducen costos y mejoran la salud pública a largo plazo.
Fuente: UNEP - unep.org
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