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Albany, como capital de Nueva York, es un punto clave para casos de Denunciante y Qui Tam tanto a nivel federal como estatal. En el ámbito federal, las reclamaciones se presentan en tribunales de distrito y pueden involucrar agencias como el Departamento de Justicia. Albany forma parte del Distrito Norte de Nueva York, que maneja casos que afecten a la región y a operaciones del gobierno federal en ese estado.
Un denunciante o “relator” puede presentar una demanda Qui Tam ante la corte federal correspondiente y, en algunos casos, el gobierno puede intervenir o abandonar la acción. En Albany, los plazos, las reglas de sealing y la evolución de las enmiendas al reclamante se aplican conforme a las normas del FCA. Es fundamental contar con asesoría legal especializada para navegar estos procesos y proteger sus derechos.
“The False Claims Act imposes liability on persons who knowingly present, or cause to be presented, a false or fraudulent claim for payment or approval.”
Fuente: https://www.justice.gov/civil/false-claims-act
Un empleado de un hospital en Albany detecta facturas presentadas a Medicare por servicios no prestados. Necesita asesoría para evaluar si hay base para una demanda Qui Tam y para protegerse de represalias.
Una empresa contratista del Estado de Nueva York observa facturación inflada por trabajos que nunca se ejecutaron. Un letrado ayuda a valorar pruebas, plazos y posibles vías de recuperación.
Una agencia estatal identifica fraude en suministros médicos financiados con fondos públicos. Es crucial un abogado para coordinar con la Fiscalía y preparar una denuncia adecuada.
Además, un asesor legal puede explicar las diferencias entre las vías federales y estatales, así como las implicaciones de confidencialidad y sign-off del gobierno durante la intervención.
La acción de Denunciante y Qui Tam en Estados Unidos se apoya principalmente en leyes federales y estatales específicas. En Albany, es esencial entender tanto el marco federal como el estatal aplicable a reclamaciones fraudulentas contra el gobierno.
Ley Federal de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, FCA) - 31 U.S.C. §§ 3729-3739. Esta ley establece la responsabilidad de personas que presentan reclamaciones falsas para obtener pagos del gobierno y permite que los denunciantes que presenten estas reclamaciones reciban una parte de las recuperaciones. La FCA ha sido modificada para incrementar incentivos y proteger a los denunciantes.
“The False Claims Act remains a major tool for recovering funds and rewarding whistleblowers when fraud against the government is proven.”
Fuente: https://www.justice.gov/civil/false-claims-act
Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York (New York False Claims Act, NYFCA). Nueva York dispone de su propio marco para perseguir reclamaciones fraudulentas contra el Estado y sus entidades. La NYFCA amplía la posibilidad de presentar reclamaciones y de obtener recuperaciones en casos que involucren fondos estatales. Enmiendas recientes han buscado ampliar la protección a denunciantes y facilitar la intervención de la fiscalía estatal.
“Whistleblowers who report violations of state law are protected from retaliation.”
Fuente: https://ag.ny.gov
Protección de Denunciantes - Labor Law § 740 (Protección de Denunciantes en Nueva York). Esta ley prohíbe la retaliación laboral contra empleados que reporten violaciones a la ley o participen en investigaciones. Se aplica a una variedad de sectores y ayuda a garantizar que el denunciante pueda colaborar sin temor a perder su empleo. En Albany, muchos casos se apoyan en esta protección para salvaguardar a quien decide denunciar.
“Whistleblowers are protected from retaliation under New York law when they report violations of law.”
Fuente: https://www.labor.ny.gov
Un denunciantes Qui Tam es alguien que presenta una reclamación en derecho ante el gobierno por fraude. En Albany, estas acciones pueden presentarse ante tribunales federales y seguir un proceso de sellado inicial. El gobierno puede intervenir, y si hay recuperación, el denunciante recibe un porcentaje.
Se inicia con una demanda presentada por escrito ante la corte federal, en la jurisdicción correspondiente. La demanda se mantiene en secreto durante un periodo inicial para permitir a el gobierno revisar. Después, si se interviene, se avanza con las etapas de investigación y posible recuperación.
El gobierno tiene un plazo para decidir si se une a la acción. Si no interviene, el denunciante puede seguir adelante, sujeto a límites y acuerdos judiciales. Este plazo varía, pero suele ser varias semanas a meses según el caso.
Las demandas estatales se presentan en tribunales del estado de Nueva York, y pueden abordar fraudes contra instituciones estatales. Albany sirve como sede para interpretaciones y coordinaciones con agencias estatales. Es importante verificar la jurisdicción exacta según la entidad involucrada.
Los registros detallados respaldan cada reclamación de fraude y permiten demostrar el conocimiento del engaño. Documentos como facturas, órdenes de compra y comunicaciones internas fortalecen la credibilidad ante la corte. La evidencia precisa acelera el proceso y mejora la posibilidad de recuperación.
Sí. La Ley de Protección de Denunciantes de Nueva York prohíbe la retaliation por reportar violaciones de la ley. Las protecciones incluyen no ser despedido, degradado o sancionado. Es recomendable documentar cualquier represalia para presentar una queja formal.
Sí. Un asesor legal con experiencia en FCA y NYFCA puede valorar la viabilidad del caso y las vías adecuadas. Una consulta inicial ayuda a entender costes, plazos y estrategias. En Albany, un abogado especializado conoce las costumbres locales de tribunales y agencias.
Sí. En muchos casos, se pueden combinar reclamaciones federales y estatales para maximizar la recuperabilidad. Un abogado puede coordinar la estrategia para que ambas vías avancen sin conflictos. Esto requiere una revisión cuidadosa de evidencias y jurisdicciones.
El FCA ofrece recuperaciones y penalidades federales, con posibles porcentajes para el denunciante. El NYFCA persigue fraude contra el estado con beneficios similares para el denunciante en el plano estatal. Las diferencias claves están en jurisdicción y alcance de la recuperación.
La mayoría de abogados trabajan con honorarios de contingencia, lo que significa que el cobro depende de una recuperación. Debe acordarse un porcentaje y discutir costos de representación. Preguntar por costos adicionales y gastos razonables es recomendable.
Los procesos FCA pueden durar meses o años, dependiendo de la complejidad y la intervención del gobierno. Las etapas incluyen sellado, fase de investigación, y posibles juicios o acuerdos. La asesoría experta ayuda a estimar cronogramas realistas.
Sí. Es posible apelar decisiones judiciales o retirar demandas bajo ciertas condiciones. El proceso de apelación implica presentar argumentos ante un tribunal superior. Un abogado puede guiar cada paso y plazos críticos.
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