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El derecho de Denunciante y Qui Tam se fundamenta en el False Claims Act federal, que permite a particulares denunciar fraude contra programas gubernamentales. En Doral, como en el resto de Estados Unidos, los denunciantes (relatores) pueden presentar demandas en nombre del gobierno y recibir una parte de las recuperaciones. Este marco protege a quienes informan conductas fraudulentas y busca recuperar recursos públicos defraudados.
Las acciones Qui Tam suelen iniciarse en tribunales federales, y los relators pueden participar en las ganancias obtenidas por el gobierno. La legislación fomenta la cooperación entre el sector público y los denunciantes para desincentivar el fraude en programas como Medicare, Medicaid y contrataciones gubernamentales. En Doral, hay empresarios, proveedores y empleados que se benefician de esta vía cuando existe fraude a nivel federal o estatal.
“The False Claims Act imposes liability on persons and companies who defraud governmental programs.”
Fuente: Department of Justice - False Claims Act
“Qui tam relators may share in a portion of the government’s recovered funds.”
Fuente: Department of Justice - False Claims Act
Puede ser imprescindible consultar a un asesor legal cuando se detecta fraude a nivel federal o estatal. A continuación se presentan escenarios concretos aplicables a Doral que requieren asesoría jurídica especializada.
Las reclamaciones falsas y las acciones Qui Tam se rigen principalmente por leyes federales, con algunos marcos estatales en Florida. A continuación se mencionan las normativas por nombre y su relevancia para Doral.
False Claims Act (federal). Este estatuto permite demandas Qui Tam presentadas por ciudadanos privados que informan fraude contra programas federales. Establece sanciones, daños triples y posibles bonificaciones para el denunciante. Su vigencia original es de 1863, con enmiendas significativas en 1986 y 2009 para ampliar alcance y protección de denunciantes.
Florida False Claims Act (estatuto estatal de Florida). Florida cuenta con su marco para reclamaciones falsas aplicable a fraude contra fondos estatales y programas administrados por el estado. Este estatuto complementa las vías federales y puede permitir acciones a nivel estatal cuando corresponde. Las reformas estatales han ido ajustando sanciones, límites y procedimientos a lo largo de los años para alinearse con prácticas modernas de enjuiciamiento.
Medicaid Fraud Act (Florida Medicaid Fraud Act). Florida tiene disposiciones para fraude en programas de Medicaid. Este marco puede ser relevante cuando el fraude afecta reclamaciones de Medicaid y puede interactuar con denuncias a nivel estatal y federal.
“The False Claims Act imposes liability on persons and companies who defraud governmental programs.”
Fuente: Department of Justice - False Claims Act
“Qui tam relators may share in a portion of the government’s recovered funds.”
Fuente: Department of Justice - False Claims Act
Para entender mejor el marco local en Florida, consulte las normas oficiales de Florida en leg.state.fl.us - Estatutos de Florida.
Un relator es una persona privada que denuncia fraude contra programas gubernamentales en nombre del gobierno. El tribunal puede otorgarle una parte de las recuperaciones si el gobierno participa en la acción.
Un abogado presenta una demanda en un tribunal federal o estatal competente, conforme a las reglas de procedimiento civil. El gobierno puede intervenir y dirigir la acción o permitir que el relator siga el caso por su cuenta.
La demanda Qui Tam se centra en fraude a fondos públicos y permite la intervención del gobierno. Un caso civil típico no implica necesariamente reclamos por fondos gubernamentales ni participación del gobierno.
Sí. En la FCA, el relator puede recibir entre 15% y 30% de las recuperaciones, dependiendo del nivel de participación del gobierno.
Las investigaciones y resoluciones pueden durar desde 1 año hasta varios años, según la complejidad y la co-participación del gobierno en el caso.
Muchos casos iniciales requieren confidencialidad durante la investigación. Un abogado puede guiarte para proteger pruebas y la identidad del denunciante.
No necesariamente. En muchos casos, cualquier persona con conocimiento razonable de fraude puede presentar una denuncia, pero la relación con el programa infringido puede influir en la vía legal.
La FCA establece sanciones civiles como multas y daños; las sanciones penales son independientes y requieren cargos penales presentados por fiscales.
Sí. Las empresas pueden responder con defensas y, si procede, presentar contrapruebas. Un letrado puede ayudar a coordinar pruebas y estrategia.
La demanda puede continuar con el relator en muchos casos, pero la participación del gobierno puede influir en la estrategia y el resultado.
El porcentaje se define en el fallo judicial, y puede depender de si el gobierno fue activo en la investigación o si intervino a mitad del proceso.
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