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En Kentucky, los Denunciantes y los casos Qui Tam se sostienen principalmente en dos marcos: el Federal False Claims Act (FCA) y, a nivel estatal, el Kentucky False Claims Act (KFCA). Estos mecanismos permiten a particulares presentar demandas en nombre del gobierno para reclamar daños y sanciones por reclamaciones falsas o fraudulentas. Los casos pueden involucrar reclamaciones a agencias federales o estatales y, a veces, combinar ambos ámbitos.
Los relators o denunciantes pueden obtener compensación si el gobierno logra recuperar fondos y, en general, la ley establece porcentajes de participación. Este tipo de acción busca recuperar dinero público y disuadir fraudes en programas financiados con fondos públicos. En Kentucky, los casos pueden involucrar programas estatales como Medicaid, así como contratistas que trabajan con el estado.
“The False Claims Act provides a way for private citizens to sue on behalf of the United States and share in any recovery.”Fuente: Department of Justice - False Claims Act
Un empleado de un contratista que factura por servicios no prestados a una agencia estatal KY identifica facturas infladas. Necesita asesoría para evaluar la viabilidad de una acción Qui Tam y protegerse contra represalias.
Un trabajador de un proveedor de Medicaid en Kentucky detecta cobros por servicios no cubiertos o simulaciones de servicios. Requiere orientación para presentar una denuncia a nivel federal y/o estatal y para coordinarse con la Abogacía General de Kentucky.
Una persona observa pagos duplicados en un programa estatal gestionado por KDHE o el Cabinet for Health and Family Services. Necesita un abogado para construir evidencia documental y definir el marco de un reclamo KFCA.
Una empresa de construcción pública presenta facturas fraudulentas para un proyecto financiado con fondos estatales. Requiere asesoría para determinar si procede un Qui Tam y cómo evitar riesgos de difamación.
Un funcionario o proveedor quiere presentar una denuncia interna antes de iniciar una acción externa. Un asesor legal puede guiar sobre confidencialidad, plazos y procesos de reporte.
Se enfrenta a posibles costos legales y a un proceso de largo plazo. Un abogado de Denunciante Qui Tam puede explicar opciones, expectativas y estrategias de resolución.
Federal False Claims Act (FCA) - 31 U.S.C. § 3729 et seq. Este marco autoriza a relators para presentar demandas en nombre del gobierno federal por reclamaciones falsas y establece la estructura de compensación para el denunciante. Es la base legal más utilizada cuando el daño es financiado total o parcialmente por el gobierno federal. Las reformas clave incluyen cambios en las reglas de compensación y protección de denunciantes.
Kentucky False Claims Act (KFCA) - Ley estatal que permite reclamar fraude contra programas administrados por el estado de Kentucky. El KFCA complementa al FCA federal al cubrir reclamaciones falsas que afecten a fondos o programas estatales y ofrece mecanismos de reparación, sanciones y protección al denunciante. Las reformas recientes han buscado ampliar la claridad procesal y fortalecer la persecución de fraudes estatales.
Kentucky Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) - Unidad de Control de Fraudes de Medicaid dentro de la Oficina del Fiscal General de Kentucky. Investiga y persigue fraudes en programas de Medicaid y supervisa la cooperación con las autoridades federales y estatales. Esta unidad es un canal clave para denuncias sobre uso indebido de fondos de Medicaid en Kentucky.
“Relators may receive a portion of the recovery, typically ranging from 15 to 30 percent depending on the government's involvement.”Fuente: Department of Justice - False Claims Act
El Qui Tam permite a una persona presentar una demanda en nombre del gobierno para reclamar fraudes. El caso se litiga en una corte federal o estatal, y si el gobierno obtiene una recuperación, el denunciante recibe un porcentaje. En Kentucky, las reclamaciones pueden involucrar tanto fondos federales como estatales.
Un relator es la persona que inicia la demanda en nombre del gobierno. La compensación típicamente oscila entre 15 y 30 por ciento de la recuperación, dependiendo del grado de participación del gobierno. La cifra exacta se determina durante la resolución del caso.
La duración varía por complejidad y por si el gobierno se une al caso. Los procesos pueden durar entre 1 y 5 años o más, especialmente cuando hay apelaciones o acuerdos complejos. Los plazos pueden cambiar según si el caso es federal o estatal.
No siempre. En general, el denunciante puede no haber estado empleado por la parte acusada, pero el momento de la violación y el tipo de reclamación pueden influir. Hay requisitos específicos de confidencialidad durante la fase inicial.
Las denuncias se presentan ante la corte federal correspondiente o ante la autoridad estatal según el alcance de la reclamación. En el FCA federal, la demanda suele presentarse bajo seal y luego se revela al gobierno; el KFCA sigue procesos similares a nivel estatal. Un asesor legal puede guiar en cada paso.
Si el gobierno no se asocia o la evidencia no alcanza para una acción, la demanda puede ser desestimada. En ciertos casos, el denunciante puede apelar o revaluar con una nueva evidencia, dependiendo de la jurisdicción y las reglas aplicables.
Sí. Un abogado especializado puede evaluar la viabilidad, reunir evidencia y gestionar la demanda, así como las etapas de confidencialidad y cooperación con las autoridades. Los costos pueden ser contingentes a la recuperación obtenida.
Facturas, registros de pago, correos electrónicos, contratos y comunicaciones con proveedores son pruebas clave. La evidencia debe demostrar una reclamación falsa o fraudulosa y su impacto en fondos públicos. Un letrado ayuda a estructurar la presentación probatoria.
El FCA federal aplica cuando hay fondos federales involucrados, mientras que KFCA se enfoca en reclamaciones contra programas estatales de Kentucky. En algunos casos, las reclamaciones pueden implicar ambas jurisdicciones y requieren coordinación entre autoridades federales y estatales.
Los costos pueden incluir honorarios, gastos de prueba, peritajes y costes de viaje. Muchos abogados trabajan con honorarios contingentes, que se pagan solo si hay recuperación. Los costos pueden variarse si el caso se resuelve o se desestima.
Sí. En la mayoría de los casos, al menos al inicio, la identidad del denunciante se mantiene confidencial para protegerlo de represalias. La confidencialidad se mantiene a lo largo de la investigación y puede afectar la estrategia legal.
La distribución de fondos recuperados se decide conforme a la ley aplicable y a los acuerdos entre el gobierno y el denunciante. En algunos escenarios, una porción puede ir a programas públicos y otra al denunciante, según el marco regulatorio vigente.
Sí, cuando una reclamación afecta tanto a fondos federales como estatales, puede haber coordinación entre autoridades de ambas jurisdicciones. Un abogado puede alinear estrategias para maximizar la recuperación y la protección del denunciante.
La protección contra represalias es un componente clave. La ley suele prohibir el despido, sanciones o hostigamiento por haber presentado una demanda o cooperado con la investigación. Existen remedios legales para denunciar represalias indebidas.
“Whistleblowers who file qui tam actions may receive a portion of the recovery.”Fuente: Department of Justice - False Claims Act
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