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En Miami, el derecho de Denunciante y Qui Tam se apoya principalmente en el False Claims Act federal. Este estatuto permite a una persona presentar demandas en nombre del gobierno cuando descubre fraudes contra programas federales. El denunciante, o relator, puede recibir una parte de las recuperaciones si el caso prospera. Los casos de Qui Tam suelen iniciarse bajo sello para que el gobierno evalúe la denuncia antes de hacerla pública. En la práctica, los procesos pueden durar varios años y requieren asesoría legal especializada en procedimientos federales.
El cuadro de aplicación en el sur de Florida lo ejecuta la fiscalía federal local, conocida como la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida (Southern District of Florida, SD-FL). Un asesor legal con experiencia en FCA orientará sobre preservación de pruebas, presentación de la denuncia y manejo de posibles represalias contra el denunciante. Comprender el marco federal facilita entender qué se puede reclamar en Miami y qué pasos seguir.
Se requieren abogados para evaluar la viabilidad del caso, diseñar la estrategia de conservación de pruebas, presentar la denuncia bajo sello y coordinarse con el gobierno. También resulta clave entender el plazo de prescripción y las posibles compensaciones para el denunciante, que pueden variar según la intervención del gobierno.
En Miami, las leyes relevantes son principalmente federales. El marco básico proviene del False Claims Act, Anti-Kickback Statute y Stark Law, que rigen la conducta fraudulenta y las relaciones que pueden generar reclamaciones indebidas ante el gobierno federal. Estas normas se aplican en todo el territorio de Estados Unidos, incluido el estado de Florida y el condado de Miami-Dade.
Fechas y cambios relevantes: la versión original del FCA data de 1863 y fue significativamente fortalecida por las Enmiendas de 1986 (Public Law 99-502), que ampliaron las protecciones para denunciantes y las condiciones para las acciones Qui Tam. Estas modificaciones siguen influyendo en litigios actuales en Florida y en Miami.
“The False Claims Act is the government’s primary civil remedy for false claims and fraud against the United States.”
“Qui tam relators may receive a portion of the proceeds resulting from a successful enforcement.”
“The Anti-Kickback Statute prohibits exchanging anything of value to induce referrals for federal healthcare programs.”
Un denunciante es la persona que denuncia fraude contra el gobierno. En un Qui Tam, el denunciante actúa en nombre del gobierno y puede recibir una parte de la recuperación. El proceso se inicia con una demanda bajo sello ante la corte federal y revisión del DOJ.
La demanda se presenta en una corte federal con el soporte de pruebas. Se mantiene en sello durante la revisión inicial del gobierno y, si se interviene, se divulga. Es fundamental conservar documentos y comunicarte con un letrado especializado en FCA.
La compensación varía según la intervención del gobierno. En términos generales, el porcentaje se determina después de la recuperación y puede depender de la participación del gobierno en el caso.
La duración típica puede variar entre 1 y 4 años o más, dependiendo de la complejidad y de la intervención gubernamental. Los casos en SD-FL pueden prolongarse por litigios y apelaciones.
Sí. Un asesor legal experimentado en FCA orientará la recopilación de pruebas, la preservación de evidencias y la estrategia de presentación ante la corte y el gobierno. Sin abogado, el proceso es arriesgado.
Los casos de FCA que involucran Miami suelen gestionarse en el Distrito Sur de Florida (SD-FL). Este distrito cubre el área de Miami-Dade y Broward, entre otros.
El FCA establece límites de tiempo para presentar reclamos. En general, se pueden presentar hasta 6 años desde la violación o 3 años después de que el gobierno se entere, lo que ocurra más tarde.
Si el gobierno no interviene, el denunciante puede recibir hasta el 30% de la recuperación. Si el gobierno interviene, la participación suele ser menor, variando con el caso.
Se deben conservar facturas, registros médicos, contratos, comunicaciones y cualquier evidencia de fraude o falseamiento de reclamaciones ante programas federales.
Muchos abogados trabajan por honorarios contingentes. El costo típico se negocia en la consulta y depende del resultado final del caso.
El FCA se centra en reclamaciones ante el gobierno y permite que un denunciante actúe en nombre del gobierno. Otras leyes pueden perseguir fraudes a nivel privado o local.
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