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El mecanismo Qui Tam forma parte del marco legal de Estados Unidos para fraudes contra el gobierno. Bajo la False Claims Act, un denunciante puede presentar una demanda en nombre del Gobierno federal y obtener una parte de las recuperaciones si el Gobierno interviene o si el caso llega a conclusión favorable sin intervención. En Ontario, Canadá, no existe un sistema Qui Tam equivalente; las protecciones para denunciantes se regulan bajo leyes canadienses y provinciales, con enfoques distintos a las acciones Qui Tam de EE. UU.
Para quienes operan en Estados Unidos, las reclamaciones Qui Tam permiten que particulares actúen como representantes del interés público cuando hay fraude. Este marco incluye salvaguardas para evitar represalias y reglas específicas sobre confidencialidad, intervención del Gobierno y reparto de fondos recuperados. A continuación se describen las estructuras y prácticas relevantes para residentes de Ontario, California u otras jurisdicciones en EE. UU. que consideren presentar este tipo de reclamaciones.
“The False Claims Act authorizes relators to file qui tam actions on behalf of the United States and to share in the proceeds of any recovery.”
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. - False Claims Act
“The Act imposes significant penalties on individuals and entities that knowingly submit false or fraudulent claims to the federal government.”
Fuente: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) - False Claims Act
La complejidad del proceso Qui Tam exige asesoría legal especializada. A continuación se presentan escenarios concretos y reales en los que podría necesitar asistencia jurídica calificada para Denunciante y Qui Tam en EE. UU.
Las normas relevantes para Denunciante y Qui Tam en Estados Unidos se centran en la ley federal y, en algunos casos, en leyes estatales. A continuación se mencionan 2-3 leyes específicas por nombre, con nota sobre vigencia y enfoque práctico.
En lo práctico, el FCA federal regula la mayor parte de las reclamaciones de fraude contra el Gobierno de EE. UU. y determina el reparto de fondos al denunciante: entre el 15 % y el 30 % de la recuperación, dependiendo de si el Gobierno interviene. También prohíbe represalias contra denunciantes y establece reglas de intervención del Gobierno en el caso.
“Under the False Claims Act, a relator may receive a share of the recovery, typically between 15 and 30 percent, depending on government intervention.”
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. - False Claims Act
Un Qui Tam es una demanda presentada por un denunciante en nombre del Gobierno. Cualquier persona con conocimiento de fraude puede actuar como relator, siempre que cumpla los requisitos legales y no haya conflictos de interés significativos. Se evalúa si la prueba es suficiente para sostener la reclamación ante un tribunal.
Un denunciante, o relator, es alguien que informa de fraude contra el Gobierno federal y puede participar en la acción. El sistema está diseñado para recompensar a quienes aportan información verificada a la justicia. La participación depende de la intervención del Gobierno y de la calidad de la evidencia.
Con un asesor legal experimentado, revisa documentos, facturas, contratos y comunicaciones internas. Es clave identificar cuándo ocurrió la supuesta reclamación fraudulenta y cómo afectó al Gobierno. Una revisión temprana ayuda a decidir si seguir adelante.
La FCA ofrece entre 15 y 30 por ciento de la recuperación total. Si el Gobierno interviene, el porcentaje suele ser menor; si no interviene, puede ser mayor. Las cifras exactas dependen del caso y de la intervención gubernamental.
El plazo típico es de seis años desde la fecha de la violación, o tres años después de que el Gobierno tenga conocimiento de la violación, lo que ocurra más tarde. Este plazo varía según la jurisdicción y los hechos del caso.
Sí. Un abogado especializado en FCA es crucial para estructurar la demanda, preservar privilegios, coordinar con el Gobierno y gestionar las fases de intervención y juicio. No se recomienda presentar sin asesoría.
Una demanda Qui Tam es presentada por un denunciante en nombre del Gobierno. Si el Gobierno interviene, la acción continúa como caso conjunto; si no, el denunciante puede tomar la iniciativa y buscar la recuperación por sí mismo.
Si el caso no prospera o el Gobierno no interviene, el denunciante puede enfrentarse a la posibilidad de costos legales y la diligently de demostrar la validez por cuenta propia. Un abogado puede orientar sobre opciones de apelación o búsqueda de otros recursos.
Se requieren documentos de facturación, contratos, órdenes de compra, correos electrónicos y registros de auditoría. La evidencia debe demostrar que se presentaron reclamaciones al Gobierno de forma engañosa o knowing.
La FCA está diseñada para fraudes contra el Gobierno federal de EE. UU. en territorio estadounidense. Si el fraude fue en el extranjero, la viabilidad dependerá de la conexión con fondos federales y de la jurisdicción aplicable. Consulte con un abogado especializado para su caso.
La FCA prohíbe represalias contra denunciantes y prevé remedios laborales si ocurren. Un letrado puede asesorar sobre reclamaciones por represalias y cómo documentarlas adecuadamente.
Las cláusulas de confidencialidad pueden limitar la divulgación de ciertos hechos, pero no deben impedir la presentación de una demanda válida. Un abogado puede ayudar a evaluar confidencialidad y posibles exenciones.
El Gobierno decide, por lo general, si interviene o no en la demanda. La intervención implica asistencia procesal y participación en acuerdos. Si no interviene, el denunciante mantiene mayor control sobre el caso.
La recuperación suele incluir el pago de sanciones y reembolsos al Gobierno. El porcentaje del galardón al denunciante depende de la intervención del Gobierno y del éxito de la reclamación.
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