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En Rochester, el derecho de Denunciante y Qui Tam se apoya principalmente en el False Claims Act (FCA) federal. Este estatuto permite a una persona presentar una demanda en nombre del Gobierno por reclamaciones falsas y participar en la recuperación de fondos. La figura del “relator” es clave en estos procesos y puede recibir una parte de la recuperación.
Generalmente, los casos se gestionan ante la Western District of New York (WDNY), el distrito federal que abarca Rochester. Si el gobierno interviene, la recuperación se reparte entre el gobierno y el denunciante según el porcentaje establecido por la ley. Además, el FCA prevé protecciones contra represalias para quien denuncia fraude y colabora con la investigación.
“The False Claims Act enables private citizens to sue on behalf of the United States for false claims.”
Fuente: U.S. Department of Justice - False Claims Act
“Relators can receive a percentage of the recovery, typically 15 to 25 percent.”
Fuente: U.S. Department of Justice - Relator Recoveries
“New York State False Claims Act enables private actions to recover moneys obtained by false claims against the state.”
Fuente: New York State Attorney General - False Claims Act
Puede necesitar asesoría legal cuando identifique indicios de fraude que afecten fondos públicos. Un letrado con experiencia en FCA puede evaluar la viabilidad de la demanda y planificar la estrategia adecuada. En Rochester, una guía profesional es crucial para navegar la interacción entre el gobierno y el proceso judicial.
Ejemplos concretos en Rochester: un hospital local podría haber facturado procedimientos no realizados; una universidad con fondos federales podría haber inflado gastos de investigación; un contratista de defensa en la región podría haber presentado costos no elegibles. En estos casos, un abogado experto en Denunciante y Qui Tam puede ayudar a reunir evidencia y proteger al denunciante. La asesoría también es clave para manejar posibles represalias y planificar la confidencialidad de la información.
Además, un letrado puede explicar las diferencias entre presentar una demanda Qui Tam y reportar irregularidades a agencias federales o estatales. Esto ayuda a decidir cuál ruta tomar según el caso y las probabilidades de intervención gubernamental. Finalmente, el abogado puede indicar posibles costos, honorarios de contingencia y el cronograma previsto para cada etapa.
Federal False Claims Act (FCA) - 31 U.S.C. §§ 3729-3739. La ley permite acciones de denuciantes para reclamar fraudes contra programas del gobierno federal. Fue fortalecida por la enmienda de 1986 y ampliada por la Fraud Enforcement and Recovery Act de 2009 (FERA). En Rochester, estos casos suelen iniciarse ante WDNY y pueden involucrar al DOJ si el gobierno decide intervenir.
New York State False Claims Act - Exec. Law y leyes estatales que permiten acciones civiles por reclamaciones falsas contra entidades estatales y fondos públicos. Entró en vigor en 2007 y ha sido objeto de enmiendas para ampliar su cobertura y sanciones. En Rochester, estas reclamaciones pueden plantearse ante tribunales estatales y ante agencias estatales correspondientes.
New York Labor Law § 740 (Whistleblower Protection) - Protege a empleados que informan de violaciones de la ley ante autoridades gubernamentales o superiores. La protección contra represalias es clave para denunciantes en el sector público y privado en Nueva York, incluyendo Rochester. Esta ley se ha mantenido vigente desde finales de la década de 1980 y se ha reforzado con modificaciones posteriores.
Un Denunciante o relator es alguien que denuncia fraude contra el gobierno ante las autoridades. Qui Tam es la figura legal que permite presentar la demanda en nombre del gobierno y compartir la recuperación. El proceso implica confidencialidad, revisión judicial y, si procede, intervención del gobierno.
Una reclamación falsa es aquella que busca obtener dinero del gobierno mediante facturas o subvenciones fraudulentas. El denunciante debe demostrar conocimiento de la falsedad y la intención de defraudar. Si la demanda prospera, el denunciante podría recibir una parte de la recuperación.
La recuperación para el denunciante suele ser entre 15% y 25% de la cantidad recuperada por el gobierno. En casos con intervención gubernamental, el porcentaje puede variar según la participación y las circunstancias. La cifra final depende del acuerdo o la decisión judicial.
Los casos FCA pueden durar entre 12 y 36 meses antes de una resolución, dependiendo de la complejidad y la cooperación gubernamental. Si el gobierno se une a la acción, el proceso puede acelerarse. Casos complejos en Rochester pueden tardar más tiempo por la cantidad de pruebas requeridas.
Se recomienda encarecidamente un asesoramiento legal con experiencia en FCA. Un abogado puede evaluar pruebas, proteger la confidencialidad y manejar presentaciones ante la corte. Sin asesoría, el proceso es más arriesgado y menos predecible.
Denunciar a una agencia implica presentar evidencia a la autoridad correspondiente. Una demanda Qui Tam es una acción judicial frente a la corte federal, con posibilidad de recuperación para el denunciante. En Rochester, la vía elegida influye en plazos y costos.
Teóricamente es posible, pero no recomendable. Los procedimientos FCA son complejos y requieren experiencia para evitar errores procesales. Un abogado puede asegurar el cumplimiento de plazos y requisitos de confidencialidad.
Los honorarios pueden ser de contingencia, condicionados a la recuperación. También pueden existir tarifas por gastos de investigación y tasas judiciales. Es crucial acordar un plan de costos por escrito antes de empezar.
La demanda aún puede seguir adelante como acción qui tam. El Gobierno puede elegir intervenir o no; si no interviene, el denunciante asume la responsabilidad de avanzar. Muchas demandas prosperan por su propia evidencia y cooperación del denunciante.
Sí. El lugar de ocurrencia puede afectar la jurisdicción inicial, pero las reclamaciones pueden involucrar múltiples lugares. En Rochester, WDNY maneja muchos casos con extensiones geográficas dentro del estado. Es crucial consultar con un letrado para definir la mejor estrategia.
Reúna facturas, contratos, correos electrónicos, órdenes de compra y registros de gastos. Documentos que demuestren discrepancias entre costos facturados y servicios prestados son esenciales. También conviene conservar notas de reuniones y testigos clave.
La ley prohíbe despidos, bajas, desplazamientos o sanciones por denunciar infracciones. Si alguien sufre represalias, puede presentar una queja y buscar compensación. Las protecciones aplican a empleados públicos y privados en Rochester.
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