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Qué es un denunciante en España: una persona que informa a las autoridades sobre infracciones de la ley o conductas indebidas en su empresa, institución o sector público. Estas denuncias buscan prevenir daños públicos y proteger a la sociedad. En España no existe un modelo de Qui Tam al estilo estadounidense; la protección se orienta a salvaguardar al denunciante frente a represalias y a canalizar la información de forma adecuada.
En Salamanca, como en el resto de España, las denuncias suelen gestionarse a través de las autoridades competentes (empleadores, canales internos, tribunales y agencias administrativas). Las protecciones legales se aplican a nivel estatal y europeo, y no implican un derecho a beneficios financieros por presentar la denuncia. Esto se aplica tanto a denuncias en el sector público como en el privado.
Esta normativa europea protege a las personas que denuncian infracciones y exige salvaguardar su identidad y evitar represalias. Su función es armonizar la protección en todos los Estados miembros, incluida España, y facilitar canales de denuncia fiables. En España, la implementación se ha traducido en normas y prácticas que deben respetar la confidencialidad y la seguridad del denunciante.
“La Directiva 2019/1937 protege a las personas que informen sobre infracciones y establece salvaguardias frente a represalias.”
Fuente: Directiva 2019/1937 y su difusión institucional en las comunicaciones oficiales del Gobierno. Fuente gob.es
La Ley de Transparencia regula el acceso a la información pública y establece principios de integridad y rendición de cuentas. Aunque no es una ley de denuncia de fraude por sí misma, crea un marco de derechos y mecanismos que pueden resultar relevantes para denuncias que afecten al sector público. En Salamanca, estas reglas se aplican a las entidades públicas y a la gestión de información institucional.
“La transparencia y el acceso a la información pública fortalecen la rendición de cuentas de las administraciones.”
Fuente: Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Fuente gob.es
El RGPD protege los datos personales de las personas que denuncian infracciones, limitando el tratamiento de esa información y exigiendo medidas de seguridad. En casos de denuncias, se deben equilibrar los derechos de protección de datos con la necesidad de investigar las irregularidades. Salamanca aplica estas normas como parte de la normativa española y europea vigente.
“El RGPD exige salvaguardias adecuadas para los datos personales de las personas involucradas en denuncias.”
Fuente: Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Fuente gob.es
Notas finales: la protección de denunciantes en España está en evolución para cumplir con normas europeas; ante dudas, consulte con un letrado especializado en derecho público y administrativo.
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