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En Walnut Creek, el derecho de Denunciante y Qui Tam permite a particulares presentar un reclamo por fraude contra programas del gobierno federal y estatal. El sistema facilita que una persona denuncie acciones fraudulentas y, a cambio, pueda recibir una parte de la recuperación obtenida para el gobierno.
El marco principal a nivel federal es el False Claims Act, que reconoce a los denunciantes como accionistas financieros de la lucha contra el fraude. En California, existe también una versión estatal de este derecho que complementa las acciones federales y puede aplicarse a reclamaciones locales o estatales en la región de Walnut Creek.
Sea cual sea su situación, un letrado en Denunciante y Qui Tam puede ayudarle a evaluar la viabilidad de su caso, salvaguardar su confidencialidad y guiarle a través de las etapas de declaración, investigación y posible intervención gubernamental.
La jurisdicción de Walnut Creek aplica principalmente dos marcos: el federal False Claims Act y, a nivel estatal, el California False Claims Act. Ambos permiten que una persona actúe como «denunciante» para reclamar fraude contra el gobierno y obtener una parte de la recuperación.
Notas prácticas: a nivel federal, las demandas Qui Tam se presentan en tribunales estatales o federales y pueden permanecer en secreto hasta que el gobierno decida intervenir. En muchos casos, la porción que corresponde al denunciante se determina al finalizar el proceso, y suele depender de la intervención del gobierno y del resultado del reclamo.
"The False Claims Act is the government's primary civil remedy for false claims against the United States." - U.S. Department of Justice
"Relators may be entitled to a share of any proceeds recovered by the government." - U.S. Department of Justice
"The California False Claims Act provides a streamlined mechanism for private citizens to sue on behalf of the state for false claims." - California Department of Justice
Un caso Qui Tam permite a una persona denunciar fraude contra el gobierno en nombre del Estado o de la nación. Si el gobierno interviene y recupera fondos, el denunciante puede recibir entre 15 y 30 por ciento de la cantidad recuperada. El proceso inicia con una demanda presentada ante un tribunal competente y, en algunos casos, permanece en secreto durante la revisión inicial del gobierno.
La demanda se presenta en un tribunal federal y debe cumplirse con requisitos de confidencialidad. El gobierno tiene un periodo para decidir si interviene. Si interviene, las fases de investigación y litigio se coordinan con la agencia federal correspondiente.
La recompensa típica oscila entre 15% y 30% de la cantidad recuperada por el gobierno. El porcentaje exacto depende de la intervención gubernamental y de la participación del denunciante en el caso.
En general, el abogado del denunciante asume costos iniciales y, si el caso no prospera, el denunciante podría enfrentar sus propios costos. Si hay recuperación, la porción de costos puede deducirse de la recompensa final.
Los plazos varían significativamente. Los casos federales pueden durar varios años y dependen de la intervención del gobierno y de la complejidad de las evidencias. En California, los procesos estatales pueden avanzar más rápido en algunas circunstancias.
Sí. Un abogado con experiencia en FCA y CFCA puede garantizar que se cumplan los requisitos de presentación, la confidencialidad y las reglas de procedimiento. También puede asesorar sobre oportunidades de intervención gubernamental.
El FCA es federal y cubre reclamaciones contra el gobierno federal; CFCA cubre reclamaciones contra entidades estatales. En la práctica, algunos casos pueden involucrar ambos niveles, y un abogado puede decidir la estrategia óptima.
Para contratos federales, la denuncia se presenta en el tribunal federal competente. Para reclamaciones estatales, se presenta ante las autoridades correspondientes de California y en los tribunales estatales si aplica.
La California Labor Code prohíbe represalias por denunciar violaciones. Si hay represalias, el denunciante puede buscar remedios legales y reparación de daños ante los tribunales.
Si el gobierno interviene, dirige la estrategia de investigación y litiga junto con el denunciante. Si no interviene, el denunciante continúa el caso de forma independiente, pero la recuperación puede ser menor.
Sí. Si el gobierno no interviene y el demandante no obtiene recuperación suficiente, el caso puede resolverse sin fondos para las partes. Sin embargo, la denuncia puede seguir abriendo vías para investigaciones futuras.
Facturas, contratos, correos electrónicos, registros contables y auditorías son útiles. Documentos que vinculen prácticas fraudulentas con cargos al gobierno aumentan la probabilidad de éxito.
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