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En Chihuahua City, el despido injustificado es la terminación de la relación laboral por parte del empleador sin una causa válida o sin seguir el proceso adecuado. Los trabajadores tienen derecho a una reparación: reinstalación en su puesto o, si no procede, una indemnización acorde a la Ley Federal del Trabajo. Este marco se aplica a trabajadores del sector privado en Chihuahua, así como a empleos de temporada o de contrato por tiempo definido.
Los principios clave incluyen la protección contra despidos sin causa, la obligación de pagar finiquitos y las opciones de conciliación previas a cualquier demanda. En la práctica, los procesos suelen involucrar una etapa de conciliación y, si no hay acuerdo, una revisión judicial ante las autoridades laborales correspondientes en Chihuahua.
Las reclamaciones por despido injustificado en Chihuahua se sustentan principalmente en normativa federal, con ajustes prácticos en la vía local para conciliación y registro de contratos. A continuación se mencionan las bases normativas relevantes por nombre.
La LFT establece, ante un despido injustificado, la posibilidad de una indemnización de 90 días de salario y 20 días de salario por cada año de servicio, además de pagos proporcionales de prestaciones.
La Constitución garantiza la igualdad de trato, la seguridad social y la protección de los trabajadores frente a despidos injustificados.
El reglamento establece las bases para la ejecución de la conciliación y la tramitación de acciones laborales ante las autoridades correspondientes.
Es la terminación de la relación laboral sin una causa prevista por la ley o sin seguir el debido proceso. Esto da derecho a indemnización o reinstalación.
Un abogado revisará las causas alegadas por el empleador, las pruebas disponibles y el cumplimiento de procesos de conciliación previos.
La indemnización típica incluye 90 días de salario más 20 días de salario por cada año trabajado, más prestaciones proporcionales.
Lo recomendable es dentro de un año desde la fecha de despido, para evitar la prescripción de la acción laboral.
No es obligatorio, pero un letrado experto acelera la fase de conciliación y puede evitar errores procesales costosos.
La conciliación se realiza ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado; una vía previa para resolver sin juicio.
Se puede iniciar una demanda ante la autoridad laboral correspondiente para solicitar reinstalación o indemnización.
Sí, en ciertos casos puede reclamarse por daños y perjuicios, siempre que exista prueba de daño y perjuicio atribuible al despido.
La normativa prohíbe el despido discriminatorio por maternidad; la trabajadora puede reclamar reinstalación o indemnización conforme a LFT.
Contrato, recibos de nómina, finiquito, comprobantes de pagos y cualquier comunicación de despido.
Sí, un asesor legal puede negociar mejor condiciones de finiquito y evitar pagos menores a los legalmente establecidos.
Un despido justificado se sustenta en causas legales claras y documentadas; el injustificado carece de justificación válida o procedimiento correcto.
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