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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
En Bahía Blanca, la actividad de corretaje se asocia principalmente a la intermediación en operaciones de compra‑venta y alquiler de bienes inmuebles. El marco jurídico relevante es de alcance nacional, complementado por normas provinciales y reglamentaciones profesionales locales. En la práctica, un corretaje inmobiliario implica promover una transacción, coordinar a las partes y redactar o revisar acuerdos para asegurar su vigencia y cumplimiento.
Los contratos de corretaje deben respetar principios básicos del derecho argentino, como la autonomía de la voluntad de las partes y la buena fe contractual. Además, los agentes inmobiliarios deben actuar con transparencia, evitando publicidad engañosa y informando debidamente sobre honorarios, condiciones y riesgos de la operación.
Las actividades de corretaje inmobiliario se sostienen principalmente en normas de alcance nacional, con supervisión adicional de normativa provincial y de organismos profesionales. A continuación se mencionan leyes relevantes y su influencia en Bahía Blanca.
“El contrato y las condiciones de prestación de servicios deben ser claros, verificables y no engañosos para el consumidor.”
Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)
Código Civil y Comercial de la Nación - vigente desde el 1 de agosto de 2015. Regula los contratos, incluida la figura del corretaje dentro de las relaciones comerciales y la necesidad de consentimiento, buena fe y eventualmente la forma escrita para ciertos actos. Es la base para entender las responsabilidades entre las partes que intervienen en una operación de corretaje. Fuente oficial.
“El tratamiento de datos personales debe realizarse con consentimiento libre, informado y específico.”
Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326)
Ley de Defensa del Consumidor - protege a los consumidores frente a ofertas, contratos y prácticas comerciales desleales. Garantiza información clara sobre servicios, precios y condiciones, y prevé mecanismos de reclamación ante incumplimientos. Fuente oficial.
Ley de Protección de Datos Personales - regula el tratamiento de datos de clientes y terceros en operaciones de corretaje, incluyendo consentimiento, finalidad y seguridad de la información. Fuente oficial.
En la Provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, las prácticas profesionales también deben atender normas de ética y registro profesional que rigen el ejercicio de corredores inmobiliarios a nivel provincial. Para información específica sobre reglamentación local, consulte el portal oficial de la provincia y el colegio profesional correspondiente.
Un contrato de corretaje vincula al interviniente con la tarea de poner en relación a las partes para una operación. Difiere de un mandato simple por su finalidad de facilitar la transacción y por la remuneración condicionada al cierre de la operación.
La comisión se negocia entre las partes y típicamente se define como un porcentaje del valor de la operación. En Bahía Blanca puede oscilar entre 3 y 4,5 por ciento, más impuestos. El pago suele hacerse al cierre o en hitos contractuales acordados.
Es recomendable por seguridad jurídica cuando hay montos significativos o plazos extensos. El escrito reduce conflictos y sirve como prueba de las condiciones acordadas.
Puede presentar reclamaciones ante el organismo de defensa del consumidor y ante el juzgado competente. También es útil conservar toda la documentación por si se debe impugnar jurídicamente.
Un letrado identifica cláusulas abusivas, riesgos potenciales y asegura que el contrato respete la normativa vigente. Evita sorpresas en comisiones y responsabilidades.
Sí. Un asesor legal puede evaluar si el corredor mantiene independencia suficiente y si existen conflictos de interés que deban revelarse o compensarse.
Sí. Verificar permisos y registración reduce riesgos de fraudes y garantiza que el profesional actúe conforme a las normas profesionales vigentes.
El corretaje inmobiliario se centra en bienes inmuebles y tiene regulaciones específicas; el agente comercial puede abarcar otros tipos de transacciones. En Bahía Blanca, ambas figuras deben respetar la normativa aplicable y las obligaciones contractuales.
Una oferta vinculante es una propuesta formal con intención de transacción y efectos jurídicos; una promesa de compra es un compromiso de negociar, con condiciones previas y plazos. Los detalles deben quedar claros en el contrato de corretaje.
La resolución puede variar: disputas simples pueden resolverse en 1‑3 meses, mientras que litigios complejos pueden extenderse a 6‑12 meses o más, dependiendo de la carga de trabajo judicial y la evidencia.
Recomendable. Un letrado revisa el pasaje a escritura, verifica títulos, antecedentes y condiciones de pago, y evita fallas que generen responsabilidad futura.
Necesitará identificaciones, título de propiedad, cédulas o planos, comprobantes de dominio, y cualquier contrato previo o promocional recibido sobre la operación.
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Descargo de responsabilidad:
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