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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
El corretaje inmobiliario es la actividad de intermediar en operaciones de compra, venta y alquiler de bienes inmuebles. En Godoy Cruz, esta práctica está regulada por normas de alcance nacional y por la regulación profesional de Mendoza. Un asesor legal en corretaje ayuda a entender contratos, comisiones, exclusividades y las obligaciones de cada parte para evitar conflictos.
Entre las responsabilidades del corredor se incluyen la diligencia en la publicidad, la veracidad de la información y la transparencia en las condiciones de la operación. También debe respetar la normativa de protección de datos personales y las reglas éticas del colegio profesional correspondiente. Contar con asesoría legal puede evitar riesgos contractuales y de responsabilidad civil.
El corretaje en Argentina se apoya principalmente en normas nacionales y en reglamentaciones provinciales. EnGodoy Cruz, estas reglas se aplican junto con los estatutos del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Mendoza. A continuación se destacan normas relevantes por nombre y alcance.
En Mendoza, las modificaciones recientes al marco de corretaje tienden a enfatizar la transparencia de honorarios, la información previa a la firma de contratos y la protección de datos del cliente. Es fundamental revisar el reglamento del colegio profesional local al iniciar cualquier negociación.
La Ley de Defensa del Consumidor protege los derechos de los consumidores frente a proveedores de bienes y servicios.
Fuente: Argentina.gob.ar - Defensa del Consumidor
La protección de datos personales es un derecho protegido por la Ley de Protección de Datos Personales.
Fuente: Argentina.gob.ar - Protección de Datos
El Código Civil y Comercial de la Nación regula los contratos y obligaciones, incluido el corretaje.
Fuente: Argentina.gob.ar - Código Civil y Comercial
El corretaje inmobiliario es la intermediación para vender, comprar o alquilar inmuebles. Incluye la asesoría, la búsqueda de partes y la negociación. También abarca la redacción de contratos y el cobro de honorarios autorizados estatutariamente.
Un contrato de exclusividad otorga al corredor el derecho a intentar la operación durante un periodo determinado. Si se concreta la venta por medio de otro corredor o sin él, podría haber consecuencias de honorarios. Es clave fijar duración y condiciones de terminación.
La comisión típica oscila entre 3% y 5% del precio de venta, según el acuerdo y las prácticas locales. Puede variar si se trate de alquileres o ventas conmutativas y si hay múltiples corredores involucrados.
Primero verifique el contrato y la fecha de pago. Si persiste el impago, puede requerir un urgente, y en caso de conflicto, acudir al colegio profesional o iniciar un reclamo ante la defensa del consumidor. La vía judicial es una opción cuando hay incumplimiento grave.
Sí. Un letrado especializado puede revisar cláusulas de exclusividad, honorarios, plazo, y obligaciones de cada parte. También puede proponer modificaciones para evitar cláusulas abusivas y proteger sus intereses.
El corretaje es la intermediación que busca facilitar la venta o compra. El mandato de venta es un poder otorgado al corredor para realizar actos de venta en nombre del propietario. Ambos pueden coexistir, pero deben regulase en el contrato.
Sí. Pida presupuestos de honorarios, revisar referencias y verifique su inscripción en el colegio profesional. Compare experiencia, alcance de la cartera y servicios inclusivos en el contrato.
Verifique que las características anunciadas sean exactas y verificables. La publicidad engañosa puede vulnerar la Ley de Defensa del Consumidor y dañar su posición jurídica.
No. El manejo de datos debe respetar la Ley de Protección de Datos Personales. Debe explicarse el uso de la información y requerirse consentimiento cuando sea necesario.
La ética profesional está regulada por el reglamento del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Mendoza, que establece normas de conducta, publicidad y conflictos de interés. El incumplimiento puede acarrear sanciones.
Se han reforzado las obligaciones de publicidad veraz, la protección de datos y la transparencia de honorarios. Además, las normas provinciales exigen mayor registro y supervisión por parte del colegio profesional local.
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