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El régimen de visitas es un conjunto de medidas judiciales que regula el contacto entre un menor y un progenitor no conviviente. En Paraguay, este régimen se solicita en procesos de familia cuando hay separación o divorcio; también puede modificarse si cambian las circunstancias del menor o de los progenitores. Su objetivo central es proteger el interés superior del niño y garantizar un desarrollo sano mediante una relación continua con ambos padres.
Los regímenes de visitas pueden prever visitas regulares, fines de semana, vacaciones y días festivos, así como visitas supervisadas en casos de riesgo. Un letrado especializado en familia evalúa cada caso para proponer un plan práctico y acorde a la realidad del menor. La modificación o ejecución del régimen suele requerir intervención judicial o acuerdos homologados ante un juez o tribunal competente.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las decisiones que afecten a sus derechos.UNICEF Paraguay - https://www.unicef.org/paraguay
El derecho de mantener relaciones con ambos progenitores debe equilibrarse con la seguridad y el desarrollo del menor, conforme a las normas de familia de Paraguay.OAS - IACHR, principios de derechos de la familia
La educación y la convivencia familiar requieren medidas que protejan al menor y faciliten un contacto razonable con sus padres, conforme a la legislación paraguaya.Poder Judicial de Paraguay - guías de familia (ejemplos de procedimientos)
Qué es el régimen de visitas y a quién aplica? Es una medida judicial que regula el contacto del menor con un progenitor no conviviente. Aplica cuando hay separación, divorcio o convivencia no continua.
Respuesta corta: regula tiempos, lugares y condiciones para ver al menor, buscando su mejor interés.
Se presenta una demanda de familia ante el juzgado o tribunal correspondiente. Es recomendable acompañarla de un plan de visitas y de documentos que prueben la relación y la residencia de las partes.
Cuando cambian circunstancias relevantes, como la residencia, la escolaridad, o riesgos para el menor. El juez evalúa si la modificación favorece al niño.
Ante los tribunales de familia o el juzgado civil competente según la jurisdicción local. En ciudades grandes, suele enviarse al juzgado de familia correspondiente al domicilio del menor.
El interés del menor guía las decisiones y prioriza su bienestar, estabilidad emocional y desarrollo. Es un principio central en la normativa de familia.
Sí, cuando hay riesgo para la seguridad del menor o de otros. El supervisor puede ser un tercero autorizado o un profesional designado por el juzgado.
Sí. Un letrado de familia puede detallar honorarios, tasas judiciales y costos asociados. Muchos cobran por hora o por proyecto de demanda inicial.
En algunos casos, sí. La mediación busca acuerdos entre las partes antes de acudir al proceso judicial. No siempre es obligatoria, varía por jurisdicción.
Identificación de ambos progenitores, actas de nacimiento del menor, comprobantes de domicilio, historial de visitas y, si aplica, informes de salud o educativos.
Se pueden activar medidas coercitivas, nuevas visitas supervisadas o incluso sanciones. El objetivo es restablecer la relación del menor con ambos progenitores.
Los plazos varían; procesos complejos pueden demorar de 4 a 12 meses o más, dependiendo de la carga judicial y la cooperación entre las partes.
Sí, normalmente se debe aclarar si hay guarda compartida, guarda exclusiva o régimen mixto, para definir correctamente las visitas.
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