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El derecho de Familia regula las relaciones personales y patrimoniales entre familiares, como matrimonio, filiación y tutela. En Paraguay, estas normas están integradas en la Constitución, el Código Civil y la legislación especial sobre niñez y adolescencia. Su objetivo central es proteger el interés superior del niño y garantizar la convivencia familiar segura y equitativa.
Este ámbito abarca procedimientos como matrimonios, divorcios, adopciones, custodias y pensiones alimentarias. También contempla medidas de protección frente a violencia intrafamiliar y la tutela de personas incapacitadas o menores de edad. Un asesor legal puede orientar en cada fase, desde la planificación de la convivencia hasta la ejecución de resoluciones judiciales.
La Constitución reconoce la protección de la familia y de los derechos fundamentales de las personas, incluyendo matrimonios y derechos de los menores. Es la norma suprema y guía el desarrollo de las leyes civiles y de niñez en el país. La Constitución vigente data de 1992, con reformas puntuales para ampliar derechos de la familia y la infancia.
"El interés superior del niño debe ser una prioridad en todas las decisiones que afecten a su vida."
Fuente: OHCHR - Convención sobre los Derechos del Niño, derechos infantiles y principios de protección
En Paraguay, la Constitución establece principios que deben respetarse en cualquier procedimiento familiar, como la igualdad ante la ley y la protección de menores. Estas bases son usadas por tribunales y abogados para fundamentar cada acción judicial.
El Código Civil regula el matrimonio, la filiación, la adopción y la protección de menores en Paraguay. Define capacidades, requisitos para contraer matrimonio y reglas de separación de bienes o gananciales. También fija reglas para la tutela de personas menores y la administración de bienes patrimoniales.
Está vigente desde su promulgación y ha recibido reformas puntuales para adaptar conceptos como la guarda y la protección de derechos de la infancia a prácticas modernas. Los abogados de familia lo utilizan para sustentar demandas y defensas en procesos judiciales.
El Código de la Niñez y la Adolescencia protege de forma específica a niñas, niños y adolescentes, estableciendo derechos, procedimientos de protección y medidas judiciales para casos de vulneración. Incluye reglas sobre adopciones, tutela y cuidado institucional, con énfasis en el interés superior del menor.
Este código ha sido objeto de reformas para fortalecer la protección de menores y la intervención de recursos sociales. Los letrados lo aplican para pedir medidas de protección, facilitar adopciones o gestionar interacciones con servicios sociales y judiciales.
En la práctica, las reformas recientes han buscado agilizar procesos de familia y mejorar la protección de menores. La interpretación de estos instrumentos se realiza en conjunto con resoluciones de la Corte y guías administrativas. Un asesor legal actualizado puede orientar sobre cambios en plazos, requisitos y costos de cada trámite.
La guarda determina con quién convive el menor y cuándo. Se solicita ante el juzgado de familia mediante una petición acompañada de informes sociales y antecedentes. Un abogado puede preparar la demanda y gestionar pruebas.
La pensión alimentaria cubre necesidades básicas del menor y su pago suele ser por parte de uno de los progenitores. El monto se calcula según ingresos y necesidades, y puede modificarse ante cambios relevantes.
Cuando hay hijos, bienes o disputas de guarda, es recomendable asesoría. Un letrado puede negociar acuerdos, presentar demandas y asegurar el interés superior del menor.
Las adopciones se gestionan ante el órgano judicial competente y requieren informes sociales, consentimiento de los padres y aprobación judicial. El asesor legal acompaña en cada etapa y en la redacción de acuerdos.
La mediación puede ser ventajosa, pero requiere preparación para evitar acuerdos que perjudiquen a menores o a su patrimonio. Un abogado ayuda a identificar riesgos y a mantener el interés del niño como prioridad.
Sí. Las decisiones de custodia deben basarse en el mejor interés del menor, sin discriminación por orientación sexual, y pueden contemplar custodia compartida cuando sea viable y beneficiosa para el niño.
Sí. Si cambia significativamente el ingreso de cualquiera de los progenitores, se puede pedir una revisión para ajustar el monto a las necesidades actuales del menor.
Sí. Las sentencias pueden ser modificadas ante cambios sustanciales en circunstancias, como ingresos, salud o necesidades del menor. Se debe presentar un nuevo pedido ante el juez.
El cálculo considera ingresos, gastos del menor y necesidades básicas. Un abogado puede ayudar a presentar pruebas y justificar el monto ante el juez.
La separación es cuando las partes deciden vivir por separado, sin disolución de la sociedad conyugal; el divorcio disuelve legalmente el vínculo matrimonial y permite liquidar bienes y derechos.
Se requieren actos de nacimiento, certificados de matrimonio de los padres biológicos, informes sociales y antecedentes. Un asesor legal guía la recopilación y presentación ante las autoridades.
"La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe guiar todas las decisiones que afecten al menor."
Fuente: OHCHR - https://www.ohchr.org
"La protección de la infancia y la adolescencia es una prioridad en las políticas públicas y en la acción de las agencias internacionales."
Fuente: UNICEF Paraguay - https://www.unicef.org/paraguay
"Los estados deben garantizar derechos humanos en familia y mecanismos para resolver disputas de manera justa y eficaz."
Fuente: OEA Paraguay - https://www.oas.org
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