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En Paraguay no existe un régimen específico llamado “divorcio militar”. El divorcio se regula por el Código Civil y Comercial y por la normativa de familia aplicable a cualquier matrimonio, incluidas las parejas formadas por personas con carrera militar. Las decisiones judiciales deben respetar el interés superior del menor y la protección de derechos de ambas partes.
La condición de personal militar puede generar desafíos prácticos como despliegues, traslados o cambios de domicilio. Estos factores influyen en la notificación, la comparecencia y la ejecución de medidas, por lo que contar con asesoría legal facilita el proceso y evita retrasos innecesarios.
La siguiente lista describe escenarios concretos donde la asistencia de un abogado es clave en divorcios que involucren personal militar:
Un abogado especialista puede ayudar a planificar estrategias procesales, preparar la documentación y negociar acuerdos que sean sostenibles ante cambios de servicio o destino del cónyuge.
La Constitución Nacional garantiza derechos fundamentales aplicables a familias y menores. Sirve de marco para las leyes civiles y de familia, así como para la protección de derechos de los cónyuges y de los menores.
El divorcio se enmarca en las disposiciones de este código, que regula el matrimonio, el régimen de bienes y la guarda de menores. Sus artículos contemplan las modalidades de divorcio por mutuo consentimiento o contencioso y las reglas sobre distribución de bienes, alimentos y custodia.
La normativa de las FF.AA. regula la carrera militar, las obligaciones del personal y los derechos y deberes de los miembros casados. Aunque no existe un “régimen de divorcio” propio, los reglamentos pueden influir en la capacidad de comparecencia, la duración de permisos y el cumplimiento de órdenes judiciales.
En la práctica, se aplica lo dispuesto por el Código Civil y Comercial y, cuando corresponde, reglamentos internos para cuestiones accesorias como el régimen de visitas y la manutención durante periodos de servicio activo.
El divorcio civil disuelve el vínculo matrimonial aplicando las normas de familia, sin distinguir por profesión. Los militares deben cumplir las mismas etapas procesales y requisitos.
Inicie el proceso ante el juzgado competente presentando la demanda y una notificación adecuada. Un abogado puede solicitar mecanismos de notificación por correo internacional o a través de la autoridad competente.
El mutuo acuerdo es oportuno cuando existen acuerdos claros sobre bienes, hijos y manutención y ambos cónyuges pueden comprometerse a cumplirlos, incluso con cambios de destino.
La tramitación se realiza ante el juzgado de familia o civil correspondiente, según el lugar de residencia habitual del matrimonio o de alguno de los cónyuges.
Sí. Un asesor legal analiza ingresos, beneficios y cargas familiares para proponer un monto razonable acorde a la realidad del militar y a la normativa vigente.
La custodia se decide por el interés superior del menor, considerando horarios de servicio, traslados y la posibilidad de mantener vínculos estables.
El régimen de bienes puede verse afectado por la situación económica del hogar, pero la ley exige una evaluación equitativa y adecuada para separación de bienes o gananciales.
Se puede iniciar un proceso contencioso para obtener una resolución judicial, siempre que exista cobertura suficiente de notificaciones y pruebas.
Los honorarios varían según la complejidad del caso y la experiencia del letrado. Pida presupuesto y estime gastos judiciales y tasas administrativas.
Los tiempos oscilan entre 6 y 12 meses en procesos consensuados y pueden extenderse cuando hay disputas sobre derechos de custodia o bienes.
Puede requerirse documentación laboral, historial de servicio y pruebas de residencia para litigar bienes y custodia, según el caso.
La custodia compartida es común cuando es viable para el menor; la custodia exclusiva se concede cuando existen riesgos o imposibilidad real de convivencia.
“El interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones relativas a la crianza.”https://www.un.org
“La protección de los derechos de la infancia es una prioridad regional.”https://www.oas.org
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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