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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
El derecho de Bienes raíces comerciales abarca las normas que regulan la compra, venta, arrendamiento, uso y administración de inmuebles destinados a actividades comerciales o industriales. Incluye la debida diligencia, la redacción de contratos y la resolución de disputas por incumplimientos. En Córdoba, la materia se aplica conforme a normativa nacional y a reglas provinciales y municipales que afectan el uso, la titularidad y el registro de los inmuebles.
En la práctica, un profesional del derecho inmobiliario en Córdoba debe entender tanto el marco general del Código Civil y Comercial de la Nación como las particularidades locales de uso de suelo, permisos de obra y trámites registrales. La asesoría legal ayuda a evitar riesgos como cláusulas abusivas, disputas por mejoras y problemas de titularidad o inscripción registral.
A continuación se presentan escenarios concretos en Córdoba donde es clave consultar a un letrado especializado en Bienes raíces comerciales.
Las normas que regulan bienes raíces comerciales en Córdoba se sustentan principalmente en un marco nacional, con aplicación y matices locales. A continuación se señalan tres referencias legales relevantes para este ámbito.
Fuente: Argentina.gob.ar - Justicia
Fuente: Argentina.gob.ar - Justicia
Fuente: InfoLEG - Acceso a leyes
“El Código Civil y Comercial de la Nación regula las relaciones jurídicas privadas, incluidas las locaciones de inmuebles.”
“La Ley de Propiedad Horizontal y Copropiedad regula la administración de edificios sometidos a este régimen.”
“La regulación de contratos de locación urbano se aplica a Córdoba como parte del sistema jurídico nacional.”
Un contrato de locación comercial es un acuerdo para el uso de un inmueble con fines comerciales. Se aplica cuando el propietario cede temporalmente el local para operar un negocio en Córdoba. Es clave revisar plazo, garantía y cláusulas de renovación.
Se verifica mediante la consulta de antecedentes registrales en el Registro de la Propiedad. También se revisa la situación de gravámenes y cargas que afecten al inmueble. Es común obtener informe de dominio y gravámenes.
Antes de firmar, consulta a un letrado cuando haya cláusulas de renovación, garantías, responsabilidad por mejoras o penalidades. También si el local se ubica en zona de uso especial o con restricciones de obra.
Las escrituras deben inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente a la jurisdicción. Los contratos de locación pueden requerir inscripción para ciertos efectos fiscales o de garantías.
Las mejoras pueden modificar el valor del inmueble y las obligaciones de restitución al finalizar el contrato. Una cláusula mal redactada puede dejar al inquilino o al propietario en una situación difícil al concluir el periodo contractual.
Sí, es posible exigir garantías como Caución, Fianza o garantías propietarias. Un abogado puede evaluar la idoneidad de cada opción y su impacto en la liquidez del arrendatario.
En general, el contrato puede especificar quién asume ciertos tributos. En Córdoba es común que el inquilino asuma tasas municipales o de servicios, salvo pacto en contrario.
La exigencia de garantías varía por contrato. Tipos habituales son fianzas, avales bancarios o garantías reales. Un letrado puede adaptar la forma de garantía a la situación del negocio.
Un arrendamiento comercial suele regirse por cláusulas de uso comercial, renovación y mejoras, aplicando reglas de locación urbana. Un arrendamiento de local se enfoca específicamente en inmuebles para punto de venta o ejecución de una actividad comercial.
Los costos incluyen honorarios de asesoría, gestión de informes registrales y posibles gastos de reinscripción o diligencias. Es recomendable obtener una cotización por adelantado y entender el alcance del trabajo.
Se debe presentar una reclamación ante el jurisdicción correspondiente o ante el organismo de consumo si aplica. Un abogado puede gestionar negociación y, si es necesario, demanda judicial para declarar la cláusula nula.
Los procesos suelen variar entre 6 a 14 meses, dependiendo de la carga de trabajo de los tribunales y la complejidad del caso. Un letrado puede asesorar sobre medidas cautelares para paliar efectos inmediatos.
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