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En Buenos Aires, el marco jurídico combina normas nacionales con prácticas regulatorias que supervisan el tratamiento de datos personales y la seguridad cibernética. El conjunto de reglas busca proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información digital de personas y empresas. El control y la sanción de infracciones se gestionan principalmente a través de autoridades nacionales y guías oficiales vigentes.
El derecho cibernético abarca delitos informáticos, responsabilidad por uso indebido de tecnologías y la regulación de servicios digitales. La privacidad de datos regula cómo se recogen, almacenan y emplean datos personales. La protección de datos establece derechos de los titulares y obligaciones para responsables de tratamiento, incluyendo notificación de incidentes y límites al uso de datos sensibles.
Para residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estas normas rigen tanto a empresas con sede en la ciudad como a proveedores que operan en línea y procesan datos de ciudadanos ba. La asesoría de un letrado especializado ayuda a interpretar obligaciones de cumplimiento, evaluar riesgos y gestionar incidentes de seguridad de forma adecuada.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe, a la fecha, una ley local específica de protección de datos que desarrolle por completo la Ley 25.326; sin embargo, la AAIP aplica y supervisa su cumplimiento en todo el territorio, incluyendo la ciudad. Por ello, las empresas deben cumplir con la normativa nacional y las guías técnicas publicadas por AAIP para operaciones en BA.
“El tratamiento de datos personales debe respetar el principio de finalidad, la calidad de los datos y el consentimiento libre, expreso e informado del titular.”
Fuente: Argentina.gob.ar/aaip
“La Ley 25.326 regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de datos personales dentro del territorio argentino, con la autoridad de aplicación AAIP para supervisión.”
Fuente: infoleg.gob.ar
“Las transferencias internacionales de datos deben garantizar un nivel de protección adecuado, conforme a la normativa vigente.”
Fuente: Argentina.gob.ar/aaip
La Ley 25.326 regula el tratamiento de datos personales dentro de Argentina. Protege derechos de titulares y señala obligaciones para responsables y encargados del tratamiento. Cubre personas físicas y jurídicas que recolectan o gestionan datos en el país.
La empresa debe obtener consentimiento informado, cumplir con finalidades específicas y garantizar la seguridad de los datos. Debe implementar políticas internas, control de accesos y procedimientos para corregir o eliminar datos cuando sea necesario. También debe estar preparada para notificar incidentes a la AAIP y a los titulares.
Las tarifas varían según la complejidad y experiencia. Un asesoramiento inicial puede costar entre 10.000 y 25.000 ARS, y proyectos de cumplimiento completo pueden superar esa cifra. Es común acordar honorarios por hora o por proyecto con hitos y entregables claros.
La normativa establece plazos para responder a solicitudes de acceso; sin embargo, estos pueden variar según la complejidad y la autoridad. Un asesor legal puede ayudar a estructurar respuestas, recursos y plazos razonables para cada caso.
Sí, el tratamiento de datos especialmente sensibles requiere consentimiento claro y expreso. Es crucial identificar si un dato entra en esa categoría y asegurar controles adicionales, incluyendo restricciones de acceso y finalidades limitadas.
Los datos personales engloban cualquier información que identifique a una persona. Los datos sensibles son categorías especiales, como salud, religión o afiliación, que requieren mayores protecciones y consentimiento explícito. El tratamiento de datos sensibles está sujeto a límites estrictos.
Las transferencias internacionales requieren salvaguardas adecuadas y, en muchos casos, consentimiento del titular o mecanismos contractuales. La AAIP emite guías para asegurar que el nivel de protección sea comparable al argentino.
Inicie una evaluación interna y notifique de inmediato a la AAIP y a los titulares afectados. Documente el incidente, contenga la brecha y revise las políticas de seguridad. Pida apoyo legal para coordinar las comunicaciones y las medidas correctivas.
Revise experiencia en normativas argentinas, casos prácticos y referencias de clientes. Conferencias claras sobre alcance, entregables y plazos ayudan. Compare costos, modelos de facturación y garantías de cumplimiento.
Una asesoría adecuada incluye inventario de datos, mapa de procesos, políticas de retención y procedimientos de respuesta a incidentes. También debe incluir formación para personal y pruebas de seguridad periódicas. El objetivo es reducir riesgos y cumplir con la normativa vigente.
Reúna contratos de procesamiento, políticas de privacidad, listados de titulares y cualquier evidencia de incidentes. Prepare preguntas sobre costos, plazos y experiencia en su sector. Con estas bases, el letrado podrá evaluar riesgos y plantear un plan inicial.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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