¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
O refine su búsqueda seleccionando una ciudad:
En España, el marco legal garantiza derechos fundamentales para las personas con discapacidad, como igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad. El objetivo es facilitar la inclusión en empleo, educación, sanidad y vida cotidiana. El reconocimiento de discapacidad determina posibles ventajas y apoyos.
La valoración de discapacidad es un proceso administrativo que establece el grado y los beneficios asociados. Las comunidades autónomas gestionan gran parte de este trámite, coordinándose con el ámbito estatal. Comprender este marco ayuda a orientar la búsqueda de asesoría legal adecuada.
Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en la vida de la comunidad.Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - OHCHR
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad - regula derechos y políticas para evitar discriminación y mejorar la accesibilidad. Vigente desde su publicación y con sucesivas modificaciones para adaptar políticas públicas. Este marco impacta en empleo, educación y servicios públicos.
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) - fue una norma histórica que sentó las bases de la inclusión. Aunque ha sido modificada por leyes posteriores, sigue referencia para conceptos como integración y acceso a servicios. Fecha de entrada en vigor original: 1982; cambios relevantes han ido adaptando su influencia al marco vigente.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia - establece el sistema de apoyos y prestaciones para la autonomía personal. Su aplicación ha evolucionado con actualizaciones para ampliar derechos y simplificar trámites. Vigencia y cambios a lo largo de los años han afectado cuantías y criterios de valoración.
La discapacidad se define por un grado reconocido que facilita acceso a derechos y prestaciones. Protege en empleo, educación, sanidad y vivienda, y determina beneficios como accesibilidad y apoyos.
Se presenta una solicitud ante la administración competente de tu comunidad autónoma, acompañada de informes médicos y documentación identificativa. El proceso puede durar varios meses y requiere seguimiento.
Si la valoración es desfavorable o no refleja tus limitaciones reales, un abogado puede preparar recursos y gestionar documentación adicional para intentar una revisión.
La valoración suele gestionarla la administración autonómica correspondiente. Necesitarás DNI, informe médico reciente, certificados de discapacidad y, si aplica, informes de educación o empleo.
Un asesor legal conoce plazos, recursos y criterios de valoración. Su experiencia reduce errores, acelera diligencias y garantiza una estrategia coherente.
Sí. Un abogado puede interponer recursos de alzada, reposición o contencioso administrativo y gestionar pruebas y plazo de resolución.
Sí. El recurso contencioso puede ser una vía eficaz cuando las vías administrativas se agotan o no hay respuesta satisfactoria.
Existen honorarios variados y, en ciertos casos, servicios sociales ofrecen asesoría gratuita o a bajo costo. Pregunta por tarifas planas o presupuestos claros.
Los costos dependen de la complejidad y la experiencia. Muchos abogados ofrecen estimaciones previas y acuerdos por fases del proceso.
La duración varía por comunidad autónoma y caso. En ocasiones, la valoración puede durar de 3 a 9 meses desde la solicitud inicial.
Discapacidad se refiere a limitaciones funcionales; dependencia abarca la necesidad de apoyo para realizar actividades diarias. Las ayudas y derechos difieren según cada concepto.
Existen ayudas de accesibilidad, prestaciones económicas, ayudas técnicas y bonificaciones para empleo. El alcance depende del grado de discapacidad y la situación individual.
Busque experiencia en discapacidad, revisiones de casos parecidos y referencias. Pregunte por honorarios, plazos y forma de trabajo continuo.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en España a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Discapacidad, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en España — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
Refine su búsqueda seleccionando una ciudad.
