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La prevención de disputas y el prelitigio consisten en buscar soluciones antes de iniciar un proceso judicial. En Guía, España, se apoya en mecanismos como la mediación, la negociación asistida y la conciliación para evitar litigios costosos y largos.
Este marco jurídico promueve la resolución consensuada de conflictos entre particulares, empresas y autónomos. Facilita acuerdos rápidos, confidenciales y adaptados a las circunstancias específicas de Guía y su entorno económico y vecinal.
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles establece el marco para la mediación como vía previa o paralela al litigio en asuntos civiles y mercantiles. Esta norma fomenta acuerdos voluntarios y confidenciales, con mediadores acreditados y procedimientos simplificados. Su aplicación se extiende a Guía y al resto de España para conflictos de diversa índole.
Real Decreto 980/2013, de 12 de octubre aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012. Este reglamento detalla requisitos de certificación de mediadores, fases de la mediación y criterios de validez de acuerdos. También regula el alta de centros de mediación y la distribución de costes entre las partes.
La mediación ofrece una solución rápida y confidencial para resolver conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales.
Fuente: Ministerio de Justicia - Mediación y resolución de conflictos
La mediación es un proceso voluntario en el que un mediador ayuda a las partes a negociar un acuerdo. Se celebra fuera de los tribunales y suele durar entre 1 y 3 sesiones. Si se llega a un acuerdo, se redacta un acta vinculante, que evita un juicio posterior.
Inicia contactando a un mediador certificado o a un centro de mediación autorizado en tu zona. Presenta un resumen del conflicto y de tus objetivos. Luego, se programa la primera sesión para explorar posibles soluciones.
La mediación busca un acuerdo entre las partes con ayuda de un tercero. El arbitraje impone una solución mediante un árbitro, mientras que el litigio judicial es decidido por un órgano jurisdiccional. La mediación es más flexible y suele ser más rápida y económica.
Se debe valorar cuando las partes están abiertas al diálogo y buscan conservar relaciones. En disputas de consumo y vecinales, la mediación puede reducir tiempos y costes frente a la vía judicial.
La mediación se realiza en centros autorizados o en instalaciones municipales de Guía o de la provincia. El tiempo de programación varía entre 2 y 6 semanas, dependiendo de la disponibilidad del mediador y las partes.
La mediación reduce costes al evitar honorarios judiciales y demora de resolución. También protege la confidencialidad y puede preservar relaciones comerciales o personales.
Sí. Un abodgado o asesor legal puede preparar argumentos, revisar propuestas y asegurar que el acuerdo cumpla con la ley. El abogado también puede representar a una parte si se llega a un acuerdo y se quiere formalizarlo.
Los costes varían según el centro y la complejidad. Generalmente se abona una tarifa por sesión y una parte de esos honorarios puede ser reembolsable si hay acuerdo; si no hay acuerdo, las partes pueden cubrir costos propios y el honorario del mediador.
La mediación no es obligatoria en todos los casos, pero sí está prevista para fomentar la resolución extrajudicial en muchos ámbitos civiles y mercantiles. En determinados conflictos de consumo, podrían aplicarse fases de prelitigio específicas.
Necesitarás una copia de los contratos o comunicaciones relevantes, identificaciones de las partes y un resumen de los hechos y objetivos. También pueden pedir pruebas de gastos o facturas para contextualizar la controversia.
La conciliación previa suele ser obligatoria en ciertos procesos y puede exigir la comparecencia por un agente administrativo o vía judicial. La mediación es voluntaria en la mayoría de los casos y se centra en acuerdos entre las partes con asistencia de un mediador.
Si una parte no asiste, la sesión puede reprogramarse o considerarse incumplida. En muchos casos se continúa con negociaciones directas o se recurre a asesoría legal para valorar alternativas judiciales.
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