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El derecho del comercio electrónico e Internet en Buenos Aires abarca las normas que regulan las transacciones digitales, la protección de datos, la publicidad, la responsabilidad de plataformas y la seguridad de la información. Incluye aspectos de defensa del consumidor, contratos electrónicos y cumplimiento normativo para tiendas online y servicios en la red. En la práctica, los letrados asesoramos sobre cómo redactar políticas de privacidad, gestionar cookies y garantizar la validez de firmas digitales en contratos electrónicos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actividad digital es intensa y diversa: comercio minorista online, marketplaces, servicios SaaS y hosting. Los abogados especializados en este campo deben entender tanto la normativa de consumo como la de protección de datos y firmas digitales para brindar asesoría integral en operaciones locales. La coordinación con autoridades y organismos regulatorios locales puede ser necesaria en casos de conflicto o incumplimiento.
Una tienda online en Buenos Aires recibe una devolución fuera del plazo legal. Necesita orientación para aplicar la Ley de Defensa del Consumidor y gestionar reembolsos sin violar derechos del comprador o exigir cláusulas abusivas a los usuarios.
Un emprendedor de software como servicio (SaaS) quiere firmar contratos con proveedores mediante firma digital y facturación electrónica. Requiere asegurar la validez jurídica y la seguridad de las operaciones.
Una empresa recopila datos de clientes y necesita revisar su política de cookies y consentimiento para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Busca reducir riesgos de violaciones y sanciones.
Un marketplace en Buenos Aires enfrenta una reclamación por publicidad engañosa o términos inexistentes en la oferta. Se precisa asesoría para ajustar la publicidad y evitar responsabilidad solidaria.
Se produce una filtración de datos en una empresa de hosting o comercio electrónico. Se requieren pasos inmediatos de contención, notificación a titulares y reporte ante autoridades.
Una plataforma de pagos o una fintech asociada a un comercio online debe gestionar disputas de cargos, bloqueo de cuentas o fraudes. Se necesita asesoría para cumplimiento normativo y defensa ante reclamaciones.
“La protección de datos personales es un derecho fundamental y su cumplimiento es obligatorio para cualquier tratamiento de datos.”Fuente: OECD, instrumentos sobre protección de datos y economía digital
“El comercio electrónico requiere marcos claros de protección al consumidor para transacciones seguras y confiables a distancia.”Fuente: UNCTAD, guía sobre comercio electrónico y desarrollo
Para consulta normativa específica, los textos oficiales y vigentes pueden consultarse en portales de organismos reguladores y normativa legal de Argentina. Estas leyes establecen las bases para la correcta gestión de ventas, servicios y tratamiento de datos en el ámbito digital local.
La Ley 24.240 protege a los consumidores en compras a distancia y en línea. Garantiza información clara, derechos de retracto y garantías de productos. Se aplica tanto a tiendas físicas que venden por internet como a marketplaces.
Debe presentar una reclamación ante la autoridad de defensa del consumidor o ante la empresa vendedora. Reúne recibos, capturas de pantalla y políticas de venta para respaldar tu caso. Muchos organismos permiten tramitar reclamaciones en línea.
La protección de datos es obligatoria cuando se recogen datos de clientes. Requiere consentimiento, políticas claras y derechos para titulares. Las guías oficiales recomiendan notificar incidentes en plazos razonables.
La normativa relevante se encuentra en textos oficiales de defensa del consumidor, protección de datos y firma digital. Consulte portales gubernamentales y organismos reguladores para la versión vigente. Estos textos se actualizan con frecuencia.
La firma digital garantiza autenticidad, integridad y no repudio de documentos electrónicos. Facilita la validez de contratos, facturas y acuerdos entre partes en comercio electrónico. Evita disputas sobre firmas físicas ausentes.
No todas las cláusulas son válidas. Las cláusulas abusivas pueden ser nula y contrarias a la Ley de Defensa del Consumidor. Un asesor legal verifica la redacción y la legalidad de cada disposición.
Sí. Debe informar el tratamiento de datos, finalidades y derechos de los titulares. Las guías recomiendan obtener consentimiento explícito para cookies no esenciales. El cumplimiento reduce riesgos de sanciones.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia del letrado. Pueden ir por hora o por proyecto. Muchas firmas ofrecen consultas iniciales a un costo reducido o pactado.
Un contrato de adhesión impone términos preestablecidos por una sola parte. Un contrato de servicio describe obligaciones mutuas y debe ser razonable. La asesoría ayuda a identificar cláusulas desequilibradas.
Las denuncias pueden tramitarse ante la autoridad de defensa del consumidor y, si corresponde, ante organismos de control de publicidad. Es útil conservar capturas y anuncios para respaldo.
Sí, si participa en una campaña sin informar adecuadamente, puede haber responsabilidad por publicidad engañosa. Es recomendable revisar contratos y obligaciones de divulgación previa a la publicación.
No siempre es obligatorio, pero registrar dominios puede proteger marca y facilitar trazabilidad. Verifique requisitos locales y de registro de dominios en su jurisdicción y con su plataforma de hosting.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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