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La ejecución hipotecaria es un procedimiento judicial destinado a cobrar una deuda garantizada con una hipoteca sobre un inmueble. En Córdoba, este proceso se aplica cuando una persona hipotecó una propiedad y no cumple con las obligaciones previstas en el crédito. El objetivo es convertir esa garantía en pago para satisfacer al acreedor, respetando las garantías procesales.
En la práctica, la ejecución hipotecaria en Córdoba suele combinar fases de notificación, prueba de reclamaciones, y, finalmente, una subasta pública del inmueble. Los letrados asignados pueden orientar sobre opciones como la renegociación de deudas, la suspensión de la subasta y las eventuales medidas cautelares. El marco provincial se complementa con normas nacionales aplicables en todo el país.
En Córdoba, las ejecuciones hipotecarias se rigen principalmente por el marco procesal provincial y por la legislación civil y comercial vigente a nivel nacional. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba regula los procedimientos de ejecución y sus etapas, incluyendo notificaciones, embargos y subastas.
A nivel nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994, vigente desde 2015) establece principios generales sobre contratos, garantías y ejecuciones, que se aplican en Córdoba de manera coordinada con las normas provinciales. Este marco incluye normas relativas a la validez de las garantías y las garantías de procedimiento.
Además, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) ofrece ciertas salvaguardas cuando el crédito es contratado en condiciones de consumo; puede resultar relevante para cláusulas del contrato de crédito hipotecario. Estas leyes se encuentran disponibles en los portales oficiales del gobierno y del Poder Judicial.
“La ejecución hipotecaria es un procedimiento de cobro de créditos garantizados con hipoteca real.”
“Los procesos de ejecución deben respetar el debido proceso y las garantías constitucionales.”
“En Córdoba, la ley procesal provincial define las etapas, plazos y recursos para las ejecuciones hipotecarias.”
La ejecución hipotecaria es un procedimiento para cobrar una deuda respaldada por una hipoteca. Se inicia cuando el acreedor obtiene una sentencia o auto ejecutivo y se solicita la ejecución ante el juez competente en Córdoba.
La notificación debe cumplirse con las formalidades legales y entregarse al deudor o a su representante. Revise fechas, datos del expediente y dónde se realizó la notificación para confirmar su validez.
Se pueden solicitar medidas cautelares para suspender la subasta cuando exista riesgo de daño irreparable o posibilidad de acuerdos razonables. El juez evalúa la procedencia y la urgencia.
La defensa se presenta ante el mismo tribunal que conoce la ejecución. Es común presentar defensas en la etapa de oposición, citando hechos, pruebas y fundamentos legales.
Las cláusulas abusivas dañan la equidad en la relación contractual. La Ley de Defensa del Consumidor protege frente a prácticas desleales y condiciones desproporcionadas.
Sí. Un letrado puede gestionar renegociaciones con el banco, proponer planes de pago o extender plazos para reducir el riesgo de pérdida del inmueble.
Sí. Presentar oposiciones o recursos puede cuestionar montos, intereses o cargos. Es clave aportar documentación y peritajes que respalden la revisión.
Es posible si el banco está dispuesto a aceptar una refinanciación o un acuerdo distinto a la venta. Un asesor legal puede negociar condiciones y plazos.
La duración varía por carga de expedientes y complejidad. En Córdoba, procesos simples pueden demorar entre 6 y 12 meses; casos complejos pueden extenderse más.
Los honorarios dependen de la complejidad y del acuerdo con el letrado. Puede haber honorarios fijos por consulta y porcentajes sobre resultados o tarifas por hora.
La ejecución hipotecaria es un procedimiento específico para cobrar una deuda garantizada por hipoteca. El embargo preventivo es una medida cautelar para asegurar bienes antes de una sentencia.
Reúna contrato hipotecario, fechas de pagos, notificaciones recibidas, escritura de propiedad y cualquier prueba de pagos. También lleve identificación oficial y antecedentes crediticios.
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