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El Visado dorado, conocido como EB-5 en Estados Unidos, ofrece una vía de residencia permanente para inversionistas extranjeros que invierten en una empresa nueva y crean o preservan empleos. En California y San Diego, el proceso es federal, no específico de la ciudad. Esto significa que las reglas y requisitos se aplican de forma uniforme en todo el territorio estadounidense, además de la normativa local aplicable a la vida cotidiana del solicitante.
“The EB-5 Immigrant Investor Program provides a path to permanent residence for foreign nationals who invest in a new commercial enterprise that creates or preserves at least 10 full-time jobs for U.S. workers.”
Esta definición proviene de las autoridades federales de inmigración y resume el objetivo central del programa. En San Diego, como en toda California, los proyectos de inversión pueden realizarse directamente o a través de centros regionales acreditados. El progreso hacia la residencia permanente depende de la inversión, la creación de empleo y la calificación del proyecto ante las autoridades de inmigración.
“The EB-5 immigrant investor visa provides a path to permanent residence for foreign nationals who invest in a new commercial enterprise in the United States.”
Además, la normativa EB-5 ha atravesado cambios importantes desde su creación en 1990 y se ha ido ajustando con reformas recientes. En 2022 se anunciaron reformas conocidas como EB-5 Reform and Integrity Act para fortalecer salvaguardas y la supervisión de centros regionales. Estas modificaciones influyen en los requisitos de elegibilidad y en los procesos de revisión de casos.
El visado de inversión es una materia principalmente federal y no existen leyes estatales específicas de San Diego que regulen directamente el EB-5. Sin embargo, las personas que residen en San Diego deben cumplir con las normativas estatales y locales en áreas complementarias como impuestos, empleo y cumplimiento corporativo relacionados con la inversión.
Normas federales clave que rigen el Visado dorado incluyen:
Además, en 2022 se implementaron reformas conocidas como EB-5 Reform and Integrity Act, dirigidas a fortalecer salvaguardas, la supervisión de centros regionales y la integridad del programa. Estas reformas pueden influir en plazos, requisitos de empleo y procesos de verificación, especialmente para proyectos en California y el sur de California como San Diego.
El EB-5 concede residencia permanente a inversionistas que crean o preservan al menos 10 empleos a tiempo completo. En San Diego, puede realizarse directamente o mediante un centro regional autorizado por USCIS. El proceso inicia con una I-526 y continúa con la I-829 para eliminar las condiciones.
La I-526 se presenta ante USCIS con pruebas de la inversión, estructura del negocio y empleo. Es recomendable incluir un plan de negocio, estados financieros y evidencia de la fuente de fondos. Un asesor legal puede coordinar informes y anexos específicos para la región de California.
Los costos varían según el abogado, la complejidad del caso y si se usa un centro regional. Los honorarios legales iniciales, tasas de presentación y costos de due diligence pueden sumar miles de dólares. Es prudente obtener un presupuesto detallado por escrito antes de iniciar.
Los plazos fluctúan según el volumen de casos y complejidad. En promedio, la I-526 puede tardar entre 12 y 36 meses; la I-829 puede requerir de 24 a 36 meses adicionales. Estos tiempos pueden extenderse si se requieren aclaraciones o verificaciones adicionales.
Sí, un abogado especializado puede ayudar a estructurar la inversión, preparar la documentación y responder a RFEs. En San Diego, trabajar con un letrado con experiencia en EB-5 facilita la coordinación entre la empresa, el centro regional y USCIS.
La inversión a través de un centro regional facilita la creación de empleos y la contabilidad de empleos indirectos. La inversión directa implica gestionar y demostrar directamente los empleos creados por la empresa invertida. En San Diego, cada opción tiene implicaciones fiscales y de reporte distintas.
Si no se cumplen, USCIS puede exigir la devolución de fondos o una reevaluación de la elegibilidad. En estos casos, el inversor podría perder la residencia condicional o enfrentar cancelaciones futuras de la condición de residente.
Se requieren estados financieros, evidencia de transferencia de fondos, contratos de inversión, planes de empleo y certificaciones de empleo. Es crucial conservar registros en una carpeta organizada para revisión por USCIS.
Sí, el EB-5 permite a residentes principales incluir a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años como derivados. Estos familiares pueden obtener residencia permanente una vez aprobada la I-829 y la eliminación de condiciones.
No es obligatorio residir en California, pero muchos inversores mantienen lazos en la región de San Diego para facilitar administración y cumplimiento. A nivel práctico, la inversión y la creación de empleo deben demostrarse para el proyecto específico.
La lista oficial está en el sitio de USCIS y se actualiza periódicamente. Consulte el directorio de centros regionales aprobados para confirmar la elegibilidad de inversiones en California y en San Diego.
Sí, existen vías para cambiar de estatus a residente permanente si el proyecto de inversión cumple con los requisitos y se mantiene la elegibilidad. Un letrado puede asesorar sobre la mejor estrategia para su situación específica en San Diego.
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