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En Texas, el término Visado dorado suele referirse al programa de inversionista inmigrante de Estados Unidos, conocido como EB-5. No existe un programa estatal específico; la elegibilidad depende de la ley federal de inmigración.
El EB-5 permite obtener residencia permanente si se realiza una inversión calificada y se cumplen ciertos requisitos de creación de empleo. En Texas se han financiado proyectos como hoteles, centros de salud y manufactura mediante este programa, especialmente en áreas urbanas como Dallas y Houston.
“The EB-5 program requires an investment of $1,050,000 (or $800,000 in a Targeted Employment Area) and the creation or preservation of at least 10 full‑time jobs.”
Fuente: USCIS - EB-5 Immigrant Investor Program. Fuente: USCIS - EB-5 Immigrant Investor Program
En Texas no existe un marco regulatorio estatal específico para el Visado dorado. La normativa aplicable es de alcance federal y se gestiona ante USCIS y las agencias federales. El estado proporciona, eso sí, un entorno para inversiones empresariales que pueden facilitar proyectos EB‑5, sin emitir visas por cuenta propia.
Las leyes clave que rigen EB‑5 a nivel federal incluyen la Immigrant Nationality Act y los reglamentos correspondientes. A continuación se mencionan normas relevantes por nombre y vigencia:
En Texas, las decisiones sobre EB‑5 dependen de leyes federales; las autoridades estatales no crean visados ni residen en el estado.
“In the United States, immigration is a federal matter; Texas does not issue visas or residency.”
Fuente: DHS - Saberes sobre competencia federal en inmigración
El EB‑5 es un programa federal que otorga residencia a inversores que cumplen con una inversión mínima y crean empleo. En Texas, el proceso sigue las reglas federales, ya sea vía Centro Regional o inversión directa, con la aprobación de I‑526 e eventual eliminación de condiciones. Los tiempos y requisitos pueden variar por municipio y proyecto en Texas.
Debe presentar documentación que pruebe el origen lícito de los fondos, como estados de cuentas, transferencias, y recibos. Los avalúos deben correlacionarse con el plan de negocio y el proyecto específico en Texas. Un abogado ayuda a organizar estos documentos para evitar rechazos.
Los costos incluyen honorarios de abogado, tarifas de USCIS (I‑526, I‑829), gastos de due diligence y costos administrativos del proyecto. Aun así, los montos pueden variar ampliamente entre proyectos y firmas en Texas. Es prudente obtener un presupuesto detallado antes de iniciar.
La I‑526 se presenta ante USCIS para obtener la clasificación de residente inmigrante inversionista. El tiempo de procesamiento puede oscilar entre 2 y 5 años, según carga de trabajo y complejidad del caso. Un abogado texano puede estimar plazos para su situación.
Sí, el proyecto debe crear o preservar al menos 10 empleos a tiempo completo para ciudadanos o residentes de EE. UU. Cada emplea debe ser directo o indirecto, dependiendo de si es inversión directa o a través de un Centro Regional. El análisis de empleo es parte clave de la solicitud.
Un Centro Regional puede simplificar la contabilidad de empleos y gestionar aportaciones de capital. Sin embargo, implica costos y reglas propias. Un asesor puede comparar rendimiento y riesgo entre Centro Regional y inversión directa en Texas.
La inversión directa implica gestionar un negocio propio y requiere demostrar creación de empleo para cada puesto. El Centro Regional permite contar empleos indirectos y tener estructura administrativa compartida. La elección influye en la velocidad de aprobación y en la complejidad de reporte.
Las peticiones I‑526 se presentan ante USCIS, con sede en Estados Unidos. Si el titular reside fuera del país, la visa se tramita por vía consular; si reside aquí, puede ajustarse el estatus. Un abogado guiará el camino adecuado según su situación en Texas.
Sí, el cónyuge y hijos menores pueden obtener la residencia derivada. El proceso para ellos suele ser más rápido después de la aprobación del I‑526 y del estatus inicial del inversionista. Un letrado coordina las fechas y documentos necesarios.
Si no se demuestran suficientes empleos, podría haber denegación del I‑829 y pérdida de residencia condicional. Es vital presentar pruebas de empleo verificables y planes de negocio efectivos. Un abogado prepara la defensa y la recopilación de evidencias.
Se debe presentar I‑829 ante USCIS dentro de los 90 días previos al segundo aniversario de la residencia condicional. El proceso puede durar varios meses y requiere demostrar que se mantiene la inversión y la creación de empleos. La asesoría legal reduce riesgos de rechazo.
Puede ser posible cambiar de estatus si ya está en EE. UU. con otro visado, pero cada tránsito requiere revisión de elegibilidad y compatibilidad con el EB‑5. Un letrado especializado evalúa la viabilidad y el cronograma para Texas.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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