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La Constitución de una nueva empresa en Argentina implica crear una persona jurídica a partir de un acto de voluntad social. Este proceso regula quiénes serán los socios, el objeto social, el capital, la duración y la estructura de gobierno de la empresa. Existen procedimientos ante registros públicos para que la sociedad adquiera personalidad jurídica y pueda operar legalmente.
En la práctica, este derecho combina normas civiles, comerciales y registrales. El objetivo es garantizar que la empresa exista como sujeto de derechos, pueda celebrar contratos y responder ante obligaciones frente a terceros. Además, la normativa busca claridad sobre la titularidad, responsabilidad y régimen tributario aplicable a la entidad.
Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.406 - regula principios generales de la persona jurídica y las estructuras societarias en Argentina. Entró en vigencia en 2015 y marcó la modernización de reglas sobre constitución, gobierno y disolución de sociedades.
Ley de Sociedades Comerciales, Ley N° 19.550 - establece las bases para la formación y organización de sociedades comerciales, incluida la inscripción en el registro público de comercio. La normativa ha estado sujeta a reformas y textos refundidos para adaptar procesos a las nuevas realidades empresariales.
Reglamentos y normas de la Inspección General de Justicia (IGJ) - regulan la inscripción de sociedades y asociaciones mercantiles ante el registro público competente, así como requisitos documentales y procedimientos electrónicos en determinadas jurisdicciones. Estos reglamentos pueden variar según la provincia y la jurisdicción.
“La inscripción de la sociedad en el registro público de comercio es requisito para su existencia legal.”
“El Código Civil y Comercial de la Nación regula las formas, obligaciones y órganos sociales de las empresas constituidas en Argentina.”
“La Inspección General de Justicia coordina la inscripción de sociedades y asociaciones mercantiles en la ciudad de Buenos Aires y en jurisdicciones afines.”
Estos textos y reglamentos evidencian que la constitución de una empresa no es un acto aislado sino un proceso formal con controles registrales y límites legales. Es fundamental revisar el marco vigente al momento de iniciar el trámite y considerar futuras modificaciones, fusiones o cambios de control. Las reformas recientes han impulsado trámites más digitales y mayor transparencia en la información societaria.
La constitución es el acto por el cual se crea una persona jurídica y se inscriben sus estatutos en el registro público de comercio. Este paso otorga personalidad jurídica y capacidad para actuar frente a terceros.
Debe redactar el pacto social o estatutos, elegir el tipo societario, definir capital social, objeto y órganos. Luego se presenta ante el registro público correspondiente para su inscripción.
Cuando existe complejidad en el objeto social, múltiples inversores o acuerdos entre socios que requieren cláusulas específicas (pacto de socios, reglas de gobierno). Un letrado evita errores y costos posteriores.
La inscripción se realiza ante el registro público de comercio o, según la jurisdicción, ante la IGJ en la Ciudad de Buenos Aires y ante registros provinciales. Cada sede tiene requisitos diferentes.
Un objeto social demasiado amplio puede generar riesgos de interpretación y límites de actividad. Un abogado ayuda a delimitarlo para evitar conflictos y problemas fiscales.
Sí, en muchos casos se admite la presentación digital ante IGJ o registros provinciales, especialmente para documentos básicos y pagos de tasas. Verifique la modalidad vigente en su jurisdicción.
Los costos varían según la provincia y el tipo societario, e incluyen honorarios legales, tasas de registro y costos notariales. En general, puede oscilar entre unos pocos miles a decenas de miles de pesos.
No siempre es obligatorio, pero es recomendable. Un asesor legal puede revisar la estructura, costos, impuestos y riesgos para evitar sorpresas.
La SRL tiene responsabilidad limitada para cada socio y capital social más flexible, mientras que la SA emite acciones y suele requerir una estructura administrativa más formal y mayor capital inicial.
Debe realizarse una modificación estatutaria y registrar el cambio ante el organismo correspondiente. Esto implica aprobación de socios y actualización de documentaciones.
Depende de la jurisdicción y la complejidad. En muchos casos, la inscripción puede durar entre 1 y 4 semanas desde la entrega de toda la documentación.
Para cambios como modificación de estatutos, aumento de capital o cambio de administración, se deben tramitar actas y su inscripción. Un asesor legal guía el proceso para cumplir todos los requisitos.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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