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El derecho de Servicios Notariales en Marbella se enmarca en la normativa española que regula la función pública de los notarios. Los notarios son fedatarios públicos que dan fe de actos y hechos jurídicamente relevantes para garantizar seguridad jurídica y prueba de los documentos.
En Marbella, la actividad notarial abarca escrituras públicas, testamentos, poderes, actas de notoriedad y certificaciones, vinculadas a la transferencia de bienes inmuebles, sucesiones y actos mercantiles. La coordinación con registros de la Propiedad y Mercantil, así como con la Jurisdicción Voluntaria, es común en operaciones de compra, herencia y constitución de empresas. Un asesor legal en Marbella puede ayudar a adaptar estos actos a su situación personal y fiscal.
Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria: regula actos notariales realizados fuera de un procedimiento judicial, como expediciones, certificados y gestiones administrativas. Esta norma ha sido clave para agilizar trámites sin intervención judicial en muchos actos de interés privado en Marbella.
Código Civil: establece principios sobre capacidad de las personas, propiedad, contratos y sucesiones, y se aplica a las escrituras, herencias y particiones que realizan los notarios en Marbella. Su vigencia histórica y su interpretación influyen directamente en la redacción de documentos notariales.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD): regula el tratamiento de datos personales en los actos notariales. Este marco es relevante para la gestión de expedientes, autorizaciones y copias certificadas que manejan los notarios en Marbella.
“La Jurisdicción Voluntaria facilita la realización de actos fuera de procesos judiciales, con intervención notarial directa.”
Fuente: https://www.justicia.gob.es/ (Ministerio de Justicia, información institucional sobre Jurisdicción Voluntaria)
“El notario garantiza la fe pública y la debida prueba de los actos jurídicos.”
Fuente: https://www.notariado.org/ (Consejo General del Notariado, descripción de la función notarial)
Una escritura pública es un documento autorizado por un notario que otorga fe pública a actos como compraventas o testamentos. Se requiere para transmisiones inmobiliarias, constitución de sociedades y herencias. El notario registra el acto y facilita su inscripción en el registro correspondiente.
El proceso empieza con la preaprobación de la operación y la revisión de documentación. El notario redacta la escritura, verifica cargas y derechos reales, y las partes la firman ante el fedatario. Posteriormente, se inscribe en el Registro de la Propiedad.
Si no puedes acudir personalmente, un poder notarial permite a otra persona actuar en tu nombre. Debes definir con claridad el alcance (ventas, cobros, gestiones). El poder debe estar redactado por un abogado para evitar ambigüedades.
Las certificaciones y copias de escrituras se solicitan al notario que intervino en el acto o a sus oficinas centrales. También pueden gestionarse copias autorizadas con el registro correspondiente si procede.
La asesoría evita conflictos entre herederos y garantiza el cumplimiento fiscal. Un abogado coordina con el notario para la partición, declaración de bienes y obtención de certificados necesarios.
El notario recomienda estructura del acto y títulos adecuados, pero la planificación fiscal final debe ser revisada por un asesor fiscal. El objetivo es minimizar cargas fiscales y evitar contingencias.
La escritura pública es un documento formal que da fe a actos complejos; el acta notarial documenta hechos que no requieren instrumento público, como noticias de hechos, testimonios o manifestaciones.
Los aranceles notariales y los impuestos se calculan por ley y dependen del valor de la operación y la complejidad. Un abogado puede estimar el costo total, incluyendo honorarios y gastos registrales.
Si tienes bienes en Marbella, es recomendable. Un testamento claro previene disputas entre herederos y facilita la partición. Un letrado puede indicar la mejor modalidad (abierto, cerrado, internacional).
La Ley de Jurisdicción Voluntaria establece plazos para la tramitación de determinadas diligencias, dependiendo del tipo de acto. Los tiempos exactos varían según complejidad y carga notarial.
No es obligatorio, pero es altamente recomendable. Un asesor legal puede revisar el contenido, evitar cláusulas abusivas y garantizar que la escritura refleje su voluntad.
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