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La Externalización o subcontratación de servicios se regula principalmente por la Ley Federal del Trabajo (LFT). En la Ciudad de México no existe, hasta donde alcanzan los registros oficiales, una normativa local específica que desarrolle este tema de forma independiente; se aplica el marco federal. Esto implica que las empresas en CDMX deben cumplir las reglas de la LFT, el IMSS y la normativa laboral relacionada a nivel federal.
Los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pueden evaluar en CDMX el cumplimiento de las obligaciones laborales y de subcontratación. También deben considerarse las disposiciones de seguridad social y de fidelidad de personal ante el IMSS e INFONAVIT, cuando corresponda. En CDMX, los contratos de servicios para el sector público se rigen por normativas de adquisiciones y contratación del gobierno local.
Escenario 1: Empresa tecnológica en CDMX externaliza desarrollo de software a un proveedor de servicios especializados. Un abogado evalúa si la estructura evita la subcontratación de funciones sustantivas y protege derechos de trabajadores.
Escenario 2: Inspección de la STPS por posible subcontratación irregular. El asesor legal prepara la defensa, revisa contratos y propone medidas de cumplimiento inmediato.
Escenario 3: Proveedor de limpieza o mantenimiento externaliza personal para una maquila en CDMX. Se necesita revisar responsabilidad solidaria y obligaciones ante IMSS e INFONAVIT.
Escenario 4: Reestructuración de costos al externalizar servicios “no críticos” y valorar si conviene migrar a una empresa de servicios especializados con adecuados controles.
Escenario 5: Despidos o finiquitos de personal externalizado. Se requieren asesoría sobre derechos laborales, indemnizaciones y posibles reclamaciones ante Profedet o la autoridad laboral.
Escenario 6: Contrato con gobierno de CDMX para servicios externalizados. Un abogado verifica requisitos de licitaciones, cumplimiento de normativas y cláusulas de responsabilidad.
Cambios recientes y tendencias: las reformas recientes buscan evitar que la subcontratación sirva para eludir derechos laborales o de seguridad social. Se ha endurecido la obligación de demostrar que la externalización cubre servicios especializados y no funciones sustantivas de la empresa contratante. Estas medidas se han reforzado en 2023-2024 con mayor fiscalización y sanciones posibles para incumplimientos.
“La subcontratación debe realizarse a través de una empresa de servicios especializados y con responsabilidad solidaria para el contratante, conforme a la LFT.”Fuente: gob.mx/stps
“Las reformas a la Ley Federal del Trabajo fortalecen la prohibición de la subcontratación para actividades sustantivas.”dof.gob.mx
“El contratante puede ser responsable solidario ante el IMSS por cuotas de seguridad social cuando se subcontratan servicios sin cumplimiento.”imss.gob.mx
La externalización es la contratación de servicios a un tercero para realizar tareas específicas. Se diferencia de la subcontratación cuando estas tareas no cubren funciones sustantivas de la empresa y se cumplen los requisitos legales de servicio especializado.
Debe revisarse si la empresa contratante mantiene responsabilidad solidaria ante el IMSS y si el personal es empleado por la empresa de servicios. La documentación debe demostrar eficiencia y cumplimiento de LFT.
Las reformas relevantes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación entre 2021 y 2023 y han estado en operación desde entonces, con actualizaciones posteriores.
Las inspecciones se realizan en las instalaciones de la empresa y en las oficinas de la autoridad laboral federal competente, como la STPS y la PROFEDET, en CDMX.
La responsabilidad solidaria protege a los trabajadores y garantiza que estén cubiertos por seguridad social y prestaciones, aún cuando el contrato sea con un tercero.
Sí, siempre que la actividad contratada no sea una función sustantiva de la empresa y se cumpla con los criterios legales para ser considerada servicio especializado.
Sí. Un abogado experto en LFT, LSS y contratación pública puede evitar riesgos, mejorar la estructura contractual y facilitar cumplimiento normativo.
Depende del volumen y la naturaleza de las tareas; hay costos ocultos como seguridad social y posibles sanciones si la subcontratación es irregular.
Los servicios son tareas realizadas por terceros; las obras son proyectos de construcción o infraestructura. En ambos casos, debe evaluarse la relación de control y la normativa aplicable.
Debe revisarse el contrato, las causas legales y las indemnizaciones; conviene coordinar con el proveedor y, si procede, presentar la terminación ante las autoridades laborales.
Los honorarios varían por complejidad y experiencia del letrado; muchos despachos ofrecen paquetes iniciales de 1-2 horas de consulta y revisión de contratos.
Se recomienda auditar contratos, verificar nóminas, confirmar registros ante el IMSS y STPS, y estructurar un plan de cumplimiento con plazos claros.
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