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Las lesiones personales en Argentina abarcan daños físicos, psíquicos y económicos causados por la acción u omisión de otra persona. En la práctica, estas reclamaciones se gestionan a través de la responsabilidad civil y, cuando corresponde, a través de seguros obligatorios o sistemas de trabajadores. El objetivo es reparar el daño sufrido por la víctima y, en su caso, sancionar conductas lesivas para evitar daños futuros.
Ejemplo de accidente de tránsito: un choque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provoca lesiones en el conductor. Un letrado puede gestionar la reclamación ante la aseguradora y, si corresponde, ante los tribunales civiles para obtener indemnización por gastos médicos y daños morales.
Caída en una tienda o supermercado: un resbalón en una pasarela mojadа genera lesiones en un cliente. Un asesor legal puede valorar la responsabilidad del establecimiento y reclamar daños materiales y perjuicios por incumplimiento de las normas de seguridad.
Negligencia médica: un error quirúrgico causa secuelas. Un abogado especializado puede evaluar responsabilidad profesional, responsabilidad del hospital y la necesidad de indemnización por daños permanentes y costos futuros de tratamiento.
Lesiones por riesgos laborales: un trabajador sufre un accidente cubierto por Riesgos del Trabajo. Un letrado ayuda a tramitar la indemnización y a reclamar prestaciones médicas y económicas adecuadas.
Daños por productos defectuosos: un medicamento o dispositivo fallido genera lesiones. Un asesor legal puede estudiar responsabilidad del fabricante y coordinar reclamaciones contra la aseguradora correspondiente.
Daños en obras públicas o privadas: una intervención deficiente en una obra causa lesiones a un transeúnte. Un abogado puede orientar sobre acción civil y posibles responsabilidades solidarias del contratista.
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) rige la responsabilidad civil por daños en Argentina y establece principios para la reparación de lesiones, la prueba del daño y la relación causal. El CCyCN entró en vigor el 1 de agosto de 2015, sustituyendo partes del antiguo Código Civil y otros cuerpos legales. Este marco es clave para reclamar indemnizaciones por daños personales.
La responsabilidad civil tiene por objeto resarcir el daño ocasionado por una conducta antijurídica y por el incumplimiento de obligaciones.
Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) protege a los consumidores frente a daños derivados de productos o servicios defectuosos y establece obligaciones para proveedores y comercios. Esta normativa es relevante cuando la lesión proviene de un bien o servicio adquirido por consumo. Ha recibido reformas y actualizaciones para ampliar la protección al usuario.
La ley busca garantizar la protección de derechos básicos del consumidor ante prácticas comerciales abusivas o defectuosas.
Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557) regula la protección de trabajadores ante accidentes laborales y autoriza indemnizaciones a través de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Esta ley aplica cuando la lesión ocurre en el ámbito laboral y facilita el acceso a prestaciones médicas y compensatorias.
La normativa de riesgos del trabajo establece las condiciones para la cobertura de accidentes y enfermedades laborales por parte de las aseguradoras.
Una lesión personal es cualquier daño físico, psicológico o económico causado por la acción de otra persona. En Argentina cubre gastos médicos, pérdida de ingresos y daños morales o psicológicos derivados del incidente.
La aseguradora aborda la cobertura y las indemnizaciones según la póliza y la ley de seguros. La reclamación contra el responsable civil busca reparación directa por el perjuicio causado.
Debe reunir pruebas del daño, historias clínicas, informes de peritos y pruebas de nexo causal. Después, puede presentar una reclamación ante la aseguradora o iniciar una demanda civil con la asistencia de un abogado.
Los plazos de prescripción varían por tipo de daño y jurisdicción. Es crucial consultar a un letrado para determinar el plazo aplicable en su caso concreto.
Puede presentar ante la justicia civil local o, si corresponde, ante la jurisdicción federal. Un asesor legal puede indicar la vía adecuada y gestionar la presentación.
Un abogado orienta sobre pruebas, gastos médicos futuros y posibles daños morales. También maneja la negociación con aseguradoras y la etapa procesal si se llega a juicio.
La Defensoría del Pueblo puede orientar sobre derechos de los consumidores y facilitar soluciones institucionales. No sustituye al abogado, pero sí orienta sobre vías administrativas.
Es recomendable evaluar si la suma cubre todos los gastos y daños presentes y futuros. Un asesor legal puede revisar y negociar para evitar renunciar a daños no cubiertos.
Sí. En general se reclaman daños materiales (gastos médicos, pérdida de ingresos) y daños morales o psicológicos. Un letrado puede valorar el monto adecuado según la jurisprudencia local.
Las tarifas varían según la complejidad y el resultado. Muchos abogados trabajan con honorarios contingentes o tarifas pactadas por escrito.
Los honorarios pueden ser fijos, por hora o contingentes al resultado. Asegúrese de obtener un contrato por escrito con claridad sobre costos y gastos.
La responsabilidad civil es general y busca indemnizar al perjudicado por actos ilícitos o negligentes. La responsabilidad del empleador suele derivar de la Ley de Riesgos del Trabajo cuando la lesión ocurre en el ámbito laboral.
“La responsabilidad civil tiene por objeto resarcir el daño ocasionado por una conducta antijurídica y por el incumplimiento de obligaciones.”
“La Ley de Riesgos del Trabajo garantiza la cobertura de accidentes laborales y promueve la protección de la salud y la seguridad del trabajador.”
“La Defensoría del Pueblo facilita el acceso a mecanismos de resolución de conflictos y expresa la protección de derechos frente a prácticas abusivas.”
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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