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Las Lesiones personales en España engloban la reparación de daños físicos y psíquicos derivados de un hecho dañoso. Esto incluye gastos médicos, pérdidas laborales, secuelas y dolor moral. El objetivo es restituir, en la medida de lo posible, la situación de la víctima antes del daño.
El marco jurídico combina la responsabilidad civil extracontractual y la normativa procesal para reclamar indemnizaciones. En España, la reparación suele basarse en el Código Civil y en los procesos regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil. La jurisprudencia de tribunales y la normativa de seguridad y trabajo también condicionan estas reclamaciones.
La responsabilidad civil se fundamenta en la culpa, el daño y la relación de causalidad.
La reclamación de Lesiones personales puede volverse compleja por la diversidad de responsables y seguros. Un letrado ayuda a valorar daños, plazos y posibles vías de resolución.
Código Civil - artículo 1902: establece la responsabilidad por culpa extracontractual en daños causados a terceros, fundamentando la base de la reclamación por lesiones. Este marco ha sido la base de las reclamaciones indemnizatorias durante décadas.
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): regula los procedimientos judiciales para reclamar indemnizaciones y las fases procesales, así como la gestión de pruebas y recursos. La LEC está vigente con reformas para adaptar los procesos a la realidad judicial actual.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995): impone obligaciones a los empleadores para prevenir riesgos y protege a los trabajadores frente a daños. Su incumplimiento puede generar responsabilidad y reclamaciones de indemnización por lesiones laborales.
La responsabilidad civil por daños causados en la circulación de vehículos de motor está regulada por la normativa de seguridad vial y seguro obligatorio.
La acción de reclamar daños por responsabilidad civil extracontractual prescribe, en general, al cabo de cinco años desde la identificación del daño o su conocimiento.
La responsabilidad civil implica reparar daños materiales y personales causados por la culpa de otra parte. Se exige demostrar daño, culpa y relación causal.
Documenta lesiones, gastos médicos, ingresos perdidos y pruebas del accidente. Consulta con un abogado para iniciar reclamaciones ante el seguro y, si procede, ante los tribunales.
En general, las acciones por daños y perjuicios prescriben a los cinco años desde el daño o su conocimiento. Excepciones y detalless deben consultarse con un letrado.
Las reclamaciones médicas pueden iniciarse ante el seguro correspondiente o ante la jurisdicción civil. Si hay responsabilidad profesional, se evalúa la viabilidad de la demanda conforme a la LEC.
Un letrado especializado valora daños médicos, negocia con aseguradoras y gestiona peritajes. Evita errores que reduzcan la indemnización y optimiza plazos y recursos.
Sí, las aseguradoras pueden proponer importes inferiores. Un abogado revisa las valoraciones, compara con periciales y, si es necesario, insiste en vía judicial.
Una valoración independiente refuerza la evidencia clínica sobre secuelas y costes. Es recomendable incluirla en la reclamación para respaldar daños.
Los informes médicos y peritajes son cruciales para justificar lesiones y coste, y suelen ser determinantes en la cuantía de la indemnización.
El daño emergente es el gasto real y directo. El daño moral cubre sufrimiento y afectación emocional no monetizada, que también puede reclamarse.
Además del plazo de prescripción, la respuesta de la aseguradora puede ocurrir en semanas o meses. Si no hay respuesta, considere acciones legales.
Además de gastos médicos, se reclama pérdida de ingresos y, si corresponde, incapacidad permanente. Un abogado puede orientar sobre indemnización y prestaciones.
Muchos abogados ofrecen consulta gratuita y cobran por porcentaje de indemnización o tarifa fija. Pregunte por honorarios y posibles gastos extra.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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