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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son acuerdos a largo plazo entre entidades gubernamentales y el sector privado para diseñar, financiar, construir y operar infraestructura o servicios públicos. En Las Vegas, estas alianzas se utilizan para proyectos como transporte, agua, alcantarillado, centros de convenciones y obras de modernización de instalaciones públicas. Las APP combinan capacidades técnicas privadas y recursos públicos para acelerar la entrega de proyectos y compartir riesgos y beneficios.
En Nevada, las APP se enmarcan en la normativa estatal y en prácticas de contratación pública locales. Un asesor legal con experiencia en APP puede ayudar a definir objetivos, estructurar la alianza, negociar contratos y garantizar el cumplimiento con las leyes aplicables. La claridad en la asignación de riesgos y la transparencia del proceso son esenciales para evitar conflictos y asegurar la viabilidad del proyecto.
“Las APP son herramientas para entregar infraestructura y servicios de manera eficiente, involucrando al sector privado en fases clave de diseño, financiamiento y operación.”
Fuente: General Services Administration (GSA) - Public-Private Partnerships.
“Las APP permiten que las autoridades públicas obtengan resultados a través de acuerdos de larga duración con socios privados, con distribución de riesgos acorde a la capacidad de cada parte.”
Fuente: National Council for Public-Private Partnerships (NCPP).
En Nevada y su área metropolitana, existen marcos legales clave que regulan las APP y su gobernanza pública. A continuación se señalan normas relevantes y conceptos prácticos para Las Vegas:
Notas de interés para Las Vegas: las políticas de adquisiciones municipales y los procedimientos de la ciudad suelen requerir cumplimiento con estas leyes estatales y con normas de transparencia aplicables a procesos de APP. Para detalles y texto vigente, consulte los enlaces oficiales de Nevada y las páginas de la ciudad cuando correspondan.
“Las APP deben someterse a controles de transparencia, audiencias y acceso a registros para salvaguardar el interés público.”
Fuente: Nevada Legislature - NRS 338, NRS 241 - Open Meeting Law, NRS 239 - Public Records Act.
Una APP es un contrato a largo plazo entre una entidad pública y un socio privado para entregar infraestructuras o servicios. En Las Vegas, implica diseño, financiamiento, construcción y operación, con reparto de riesgos entre las partes. El objetivo es acelerar la entrega y mejorar la eficiencia, respetando la normativa local y estatal.
Primero identifique la necesidad pública y el presupuesto. Luego determine si una APP es viable y consulte a un asesor legal con experiencia en APP en Nevada. Después, elabore un plan preliminar y prepare una estrategia de licitación conforme a NRS 338 y a la normativa local.
Una APP implica cooperación entre sector público y privado durante la operación y el mantenimiento, con respaldo público y supervisión. La privatización completa cede el control público de un servicio o activo al sector privado sin retención de propiedad por parte del estado.
Las tarifas varían según la experiencia y la complejidad del proyecto. En Nevada, los honorarios pueden oscilar entre 250 y 500 USD por hora para abogados especializados en APP. También existen tarifas fijas para revisiones de contratos complejos.
Es el contrato que define responsabilidades, pagos, servicios, rendimiento y penalidades entre el sector público y un concesionario privado. Establece la financiación, mantenimiento y operación durante la duración del acuerdo.
La fase de licitación puede durar entre 6 y 18 meses, según la complejidad del proyecto y la cantidad de ofertas. Factores como revisión de cumplimiento, protestas y evaluación técnica pueden alargar el proceso.
Sí. Usualmente debe demostrar capacidad técnica, financiera y operativa. La convocatoria especifica criterios de elegibilidad, experiencia previa y solvencia para evitar descalificaciones.
Una licitación abierta invita a múltiples oferentes y es más transparente. La solicitud de interés es preliminar y sirve para filtrar candidatos antes de la invitación a licitación formal.
Sí. Un letrado revisará cláusulas de rendimiento, asignación de riesgos, garantías, cronogramas y derechos de las partes. También asistirá en la negociación de cambios y adecuaciones necesarias.
La protesta suele presentarse ante la agencia contratante que emite la licitación o ante la oficina de adquisiciones correspondiente. Si corresponde, puede existir una revisión ante un organismo estatal de adquisiciones.
Debe asignarse el mayor peso a riesgos que pueda gestionar cada parte, definir mecanismos de compensación y establecer procesos de resolución de disputas. La claridad de penalidades y de incentivos es clave para el éxito.
Proyectos de transporte, instalaciones de agua y alcantarillado, renovación de centros de convenciones y mejoras de infraestructuras públicas son ejemplos típicos. Cada proyecto requiere un marco contractual específico y evaluación de viabilidad financiera.
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