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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
La debida diligencia inmobiliaria es un conjunto de pruebas y verificaciones técnicas y legales previas a la compra de un inmueble. Su objetivo es garantizar que la titularidad, las cargas y las condiciones del inmueble sean claras y válidas ante terceros. En Fuentes, esta diligencia suele realizarse con la asesoría de un letrado especializado en derecho inmobiliario y, cuando corresponde, con la intervención de un escribano para la escritura y la inscripción registral.
Entre los aspectos revisados se encuentran la titularidad registral, las cargas (hipotecas, embargos, servidumbres), las deudas fiscales y municipales, la situación urbanística y las autorizaciones de uso del suelo. También se verifica la existencia de litigios vinculados al inmueble y la correspondencia entre la escritura y el lote físico. Un informe de diligencia bien realizado ayuda a evitar sorpresas post venta.
En Fuentes, al igual que en otras localidades, el proceso de diligencia debe adaptarse a la normativa vigente y a las peculiaridades del registro de la propiedad local. El trabajo suele combinar revisión documental, consulta de registros y asesoría técnica para asegurar que la operación sea segura y conforme a derecho. Contar con un abogado especializado reduce riesgos y facilita la negociación del precio y de las condiciones de la operación.
La siguiente lista describe escenarios concretos en los que una persona puede necesitar asesoría legal en debida diligencia inmobiliaria en Fuentes.
En Fuentes, la debida diligencia inmobiliaria se rige principalmente por normas nacionales aplicables a toda la República y por reglamentos provinciales y municipales de registro y urbanismo. A continuación se mencionan 2-3 referencias normativas relevantes por nombre.
“El dominio de un inmueble solo puede transferirse por escritura pública e inscribirse para oponerse a terceros.”
Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación - InfoLEG
“La protección de datos personales regula el tratamiento de datos en procesos de diligencia y verificación de antecedentes para evitar uso indebido.”
Fuente: Ley de Protección de Datos Personales - Argentina.gob.ar
“El registrador público es responsable de inscribir la transferencia de dominio y de dejar constancia de las cargas y limitaciones que afecten al inmueble.”
Fuente: Regímenes provinciales de Registros de la Propiedad Inmueble - InfoLEG
Es un conjunto de verificaciones sobre titularidad, cargas, situación fiscal y urbanística. Garantiza que la transferencia sea válida y libre de gravámenes ocultos. Ayuda a evitar pérdidas económicas y disputas legales futuras.
Necesitará el título de propiedad, planos, certificaciones de dominio, certificado de libre de cargas, cédula catastral y escritura de venta propuesta. También se requieren documentos de identidad y autorización del representante, si corresponde. El abogado indicará la lista exacta según el caso.
El costo varía según la complejidad, la cantidad de documentos y la región. En Fuentes, un paquete básico podría oscilar entre 15.000 y 40.000 pesos, y los honorarios incrementan si hay litigios o regularización. El presupuesto suele incluir revisión, asesoría y redacción de conclusiones.
No es obligatorio, pero se recomienda. Un abogado puede interpretar cláusulas, gestionar inscripciones y evitar defectos en la transmisión de dominio. También coordina con el escribano para la escritura y su inscripción.
Depende de la disponibilidad de documentos y de las oficinas registrales. En general, la revisión preliminar puede demorar entre 5 y 15 días hábiles, y la inscripción final entre 10 y 25 días hábiles. Factores externos pueden extender el plazo.
Sí. Las cargas deben aparecer en el certificado de dominio y las certificaciones registrales. Si hay gravámenes, se deben resolver antes de la operación o acordar su asunción por el comprador. Esto es decisivo para evitar que el comprador asuma deudas no previstas.
La diligencia tradicional se apoyaba en documentos físicos y búsquedas en papel. La due diligence digital utiliza bases de datos, certificados electrónicos y firmas digitales. En Fuentes, ambas modalidades coexisten, y la digitalización acelera algunas gestiones.
El abogado debe aclarar las discrepancias y exigir rectificaciones ante el registro o el vendedor. Si no se corrigen, la venta podría ser nula o impugnada. Se recomienda suspender la operación hasta resolverlas.
La certificación de dominio confirma la titularidad registral. La certificación de escritura verifica que el acto de venta cumple con la forma requerida. Ambas son necesarias para asegurar una transmisión válida.
El abogado puede requerir por escrito la documentación y, si es necesario, iniciar gestiones legales para obtenerla. También puede asesorar sobre la posibilidad de retirar la oferta o renegociar el precio. La cooperación del vendedor facilita la diligencia.
Verifique permisos vigentes y restricciones de construcción, zonificación y usos permitidos. La falta de permisos puede implicar nulidad de mejoras y costos de regularización futuros. El abogado evalúa la posibilidad de regularizar o ajustar por escrito la operación.
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