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La residencia por inversión en Estados Unidos se centra principalmente en dos vías: EB-5, que conlleva residencia permanente, y E-2, una visa de no inmigrante para inversionistas de ciertos países. En San Diego, estos procesos son gestionados a nivel federal, con requisitos y beneficios que pueden optimizarse con asesoría legal local. Un asesor legal especializado puede ayudar a diseñar una estrategia adaptada a su situación y a la normativa vigente.
El programa EB-5 implica invertir en una empresa que genere empleo para al menos 10 empleos a tiempo completo y que cumpla con ciertos criterios de integridad y trazabilidad de fondos. Tras la aprobación de la petición I-526, el inversionista puede obtener residencia condicional por dos años si se utiliza un centro regional o si la inversión directa cumple los criterios. Después, se debe presentar la petición I-829 para eliminar las condiciones y obtener la residencia permanente plena.
La visa E-2 está disponible para ciudadanos de países con tratado de inversión con EE. UU. y exige una inversión sustancial en una empresa operativa en EE. UU. La E-2 no otorga residencia permanente automáticamente. En San Diego, estas vías han sido utilizadas por empresas en tecnología, biotecnología, turismo y bienes raíces para establecer presencia local.
«La EB-5 Immigrant Investor Program requiere una inversión en una empresa comercial nueva o existente y la creación de al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores elegibles.»
«El proceso de eliminacion de condiciones (I-829) debe presentarse dentro de los 90 dias previos a la segunda aniversario de la entrada en estatus condicional.»
Las leyes que afectan la residencia por inversion en San Diego son principalmente federales. En California, no existen normas estatales que regulen la elegibilidad de EB-5 o E-2, pero sí impactan proyectos financiados con permisos de construccion, trabajo y impuestos locales. A continuacion se listan leyes y regulaciones relevantes por nombre y su impacto.
Immigration and Nationality Act (INA) - 8 U.S.C. § 1153(b)(5): establece el marco general del programa EB-5 y las condiciones para inversionistas extranjeros. Vigencia y cambios son gestionados federalmente y se aplican en San Diego, al igual que en todo el país.
8 CFR 204.6: regula las petitions de inversionista inmigrante (I-526) y la posibilidad de residencia condicional. Su interpretación afecta la consecución de la residencia permanente desde San Diego.
8 CFR 216 y 8 CFR 216.6: tratan la eliminacion de condiciones mediante el proceso I-829. Especifican plazos y requisitos de pruebas para la removal of conditions en condicion de residencia.
Ley de Reforma e Integridad EB-5 (RIA) - 2022: introdujo reformas para reforzar la supervisión, transparencia y integridad del programa, incluido el papel de los centros regionales y criterios de cumplimiento. Vigencia progresiva desde 2022, con efectos continuos en 2023-2027.
«El programa EB-5 fue reformulado en 2022 para aumentar la integridad, la supervisión y las salvaguardas contra el fraude»
«Las reglas actuales de 8 CFR 204.6 y 216 regulan, entre otros aspectos, la peticion de inversionista y la eliminacion de condiciones para obtener la residencia permanente.»
La EB-5 ofrece residencia permanente mediante una inversion en una empresa que genere empleo. La E-2 brinda una visa de no inmigrante para inversionistas, sin permiso automático de residencia. En San Diego, ambas vias se gestionan a nivel federal, con consideraciones de mercado local para proyectos.
Debe presentarse la peticion I-526 ante USCIS con un plan de negocio, evidencia de fondos y estructura de empleo. Un abogado puede preparar la documentacion y coordinar la evaluacion de elegibilidad. El proceso puede tardar varios meses a años, dependiendo de la carga de trabajo y la region.
Los honorarios varian segun la complejidad y el alcance del caso. Se recomiendan presupuestos que incluyan evaluacion inicial, preparacion de documentos, respuestas a RFEs y gestion de ajustes. En promedio, considere varios miles a decenas de miles de dolares por caso.
La aprobacion de I-526 puede tardar entre 12 y 36 meses. La fase de ajuste de estatus o procesamiento consular agrega meses adicionales. En total, muchos casos toman 2 a 4 años o más, dependiendo de la disponibilidad de visa y la complejidad.
Sí. Debe demostrar que los fondos provienen de fuentes legales y trazables. Esto incluye estados de cuenta, recibos de transferencias internacionales y registros fiscales. Un abogado ayuda a preparar la evidencia de fuente de fondos conforme a las exigencias de USCIS.
La inversion directa implica crear empleos dentro de una empresa unica y controlar el negocio. El centro regional facilita empleos indirectos y a menudo simplifica la administracion de cumplimiento. En San Diego, la eleccion depende de su plan de negocio y de la elegibilidad de la inversion.
Las peticiones EB-5 y solicitudes de ajuste de estatus se presentan ante USCIS o a traves de consulado, segun corresponda. Si está en California, puede gestionar la presentacion ante USCIS o en una embajada/consulado de EE. UU. fuera del país si aplica.
La E-2 no otorga residencia permanente automaticamente. Sin embargo, la E-2 puede convertirse en un camino hacia la residencia si se cumplen otros requisitos, como una peticion EB-5 o patrocinio de empleo. Un abogado evalua opciones y riesgos en su caso particular.
La falta de empleo puede afectar la elegibilidad para eliminar condiciones y obtener la residencia permanente. Un letrado revisa la metodologia de conteo de empleos y ajusta el plan de negocio para subsanar deficiencias o buscar soluciones alternativas.
La reforma fortalece la supervisión de centros regionales y exige mayor transparencia de fondos. En San Diego, esto significa revisar cuidadosamente la estructura de la inversion y la documentacion de fondos para cumplir con las nuevas reglas. Un abogado mantiene actualizada la estrategia de inversion.
Sí. Un profesional legal prepara respuestas detalladas, organiza la documentacion de origen de fondos y coordina con asesores financieros para cumplir con las solicitudes. La gestion oportuna de RFEs puede evitar retrasos significativos.
Se exige evidencia de empleo suficiente durante el periodo de dos años desde la entrada condicional. Esto incluye nóminas, declaraciones de impuestos y pruebas de empleo directo o indirecto vinculadas al proyecto. Un letrado ayuda a consolidar y presentar estos registros de forma clara.
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