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En Colombia, la reestructuración e insolvencia se regulan para facilitar la continuidad de la empresa, proteger empleos y garantizar el pago de acreedores de manera ordenada. El marco busca apoyar a las empresas en dificultad para que puedan reorganizar sus deudas y operaciones sin perder su viabilidad. Las herramientas disponibles incluyen planes de reestructuración y procedimientos de liquidación cuando la continuidad de la empresa ya no es viable.
El proceso puede involucrar negociación con acreedores, revisión de activos y pasivos, y la intervención de una autoridad otorgada por la ley para supervisar y ordenar las operaciones. Un asesor legal especializado en insolvencia puede ayudar a escoger la vía adecuada y a gestionar la relación con las entidades públicas, entidades financieras y proveedores. Contar con un abogado experimentado aumenta las probabilidades de obtener un plan viable y de reducir riesgos para la empresa y sus empleados.
Una empresa enfrenta demandas de ejecutorias y un posible concurso de acreedores. Un letrado puede evaluar si existe posibilidad de reestructuración y preparar una propuesta para evitar la liquidación.
La empresa tiene deudas fiscales o parafiscales y busca un plan de pago negociado. Un asesor legal puede coordinar un acuerdo con la autoridad tributaria y con acreedores privados.
Necesita presentar un plan de restructuración ante la autoridad competente y requiere claridad sobre plazos, requisitos y criterios de viabilidad. Un abogado puede redactar y presentar el plan.
Habría que proteger empleos y mantener la continuidad operativa. Un letrado puede proponer estructuras que preserven la producción y gestionen el desgaste de activos.
La empresa quiere negociar acuerdos con proveedores clave para reprogramar deudas y evitar cierres. Un asesor legal coordina la negociación y las garantías necesarias.
Se necesita asesoría para transitar entre opciones preconcursales, concursos de acreedores y liquidación. Un abogado ayuda a decidir la vía más rentable y rápida.
Las normas clave para Reestructuración e Insolvencia en Colombia se apoyan en la Ley 1116 de 2006 y, como marco de actos mercantiles, en el Código de Comercio. Estas normas regulan los procesos de reestructuración, acuerdos con acreedores, y, cuando corresponde, la liquidación de empresas.
La Ley 1116 de 2006 (reestructuración empresarial y liquidación) establece las reglas para planes de restructuración, procesos judiciales y mecanismos de protección para la empresa durante la negociación. Esta norma ha sido objeto de reformas y actualizaciones para fortalecer la dinámica entre deudor y acreedores y facilitar acuerdos más eficientes. Importante: la norma rige con modificaciones puntuales a lo largo de los años para adaptarse a la realidad económica y a las nuevas prácticas de mercado.
La finalidad de la reestructuración empresarial es conservar la empresa, la producción y el empleo.
Fuente: Superintendencia de Sociedades
El régimen concursal busca equilibrar intereses de acreedores y deudor para lograr la continuidad de la empresa.
Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho
La reestructuración empresarial es un conjunto de mecanismos para convencer a acreedores y deudor de mantener la empresa operando con un plan de pago o ajuste de deudas. Un asesor legal puede orientar sobre el proceso y opciones disponibles.
Se inicia con un análisis de la situación financiera y la viabilidad de la empresa. Luego se presenta un plan a las autoridades competentes y se negocia con acreedores; un letrado acompaña en cada etapa.
Cuando la empresa muestra liquidez suficiente para mantener operaciones si se reestructura, pero no puede cumplir con sus deudas en los plazos actuales. Un abogado puede evaluar la viabilidad del plan.
Los trámites pueden realizarse ante la autoridad mercantil competente y, en ciertos casos, ante juzgados mercantiles. Un asesor legal puede indicar el órgano adecuado según el caso.
Porque un profesional especializado conoce los requisitos, plazos y estrategias para lograr un plan viable y para negociar con acreedores de forma eficiente.
Sí, algunas figuras y casos permiten a personas naturales con deudas empresariales o personales participar en ciertos procesos, siempre bajo asesoría profesional.
La suspensión de pagos depende del tipo de proceso. Un letrado puede determinar si corresponde y gestionar el procedimiento para ganar tiempo y proteger activos.
No. La reestructuración busca conservar la empresa y empleo, mientras la liquidación judicial apunta a vender activos para pagar acreedores cuando no hay viabilidad.
Los costos varían según la complejidad y duración del proceso. Pide presupuestos y cronogramas detallados antes de iniciar; compara entre 2 o 3 asesores.
Los plazos dependen de la complejidad y del acuerdo con acreedores, pero pueden extenderse de 4 a 18 meses o más en casos complejos. Un abogado puede estimar un calendario.
No es necesario, pero sí indispensable para navegar procedimientos, presentar documentos y negociar acuerdos con acreedores. Un asesor ayuda a interpretar la jerga legal.
La reestructuración busca preservar la empresa y su capacidad de pago. La liquidación implica vender activos para pagar deudas y finalizar operaciones.
Evalúa la situación financiera y decide entre reestructuración o liquidación. Realiza un registro de ingresos, gastos, deudas y activos dentro de una semana.
Solicita 2-3 consultas con abogados especializados en insolvencia para comparar enfoques y experiencia. Programa las reuniones en 2-3 semanas.
Solicita a cada letrado una propuesta de plan de trabajo, cronograma y estimación de costos. Espera respuestas en 1-2 semanas por consulta.
Revisa el historial de casos de cada asesor y solicita referencias de clientes. Verifica resultados y métodos de negociación en 2 semanas.
Elige al asesor legal y firma un contrato claro que defina alcance, honorarios, confidencialidad y responsables. Realiza la firma en 1 semana.
Inicia la recopilación de documentos clave (balances, deudas, contratos, actas). Deja preparado un paquete para presentar en el primer encuentro formal.
Presenta la solicitud ante la autoridad correspondiente y coordina con el asesor sobre el plan de acción y el calendario. Esto puede ocurrir a partir de la cuarta a sexta semana, dependiendo del caso.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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