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El derecho de Reestructuración e Insolvencia regula las situaciones en que una empresa o persona física no puede hacer frente a sus deudas. Su objetivo principal es evitar la liquidación inmediata cuando hay viabilidad empresarial y, si no es viable, garantizar una liquidación ordenada para proteger a acreedores y deudor.
En Guia, este marco legal se aplica a empresas de todos los tamaños, incluyendo pymes del sector servicios y turismo local. Los abogados especializados pueden orientar a los clientes para evaluar si existe posibilidad de viabilidad, o si conviene iniciar un procedimiento de insolvencia para evitar consecuencias más graves.
En Guia, las personas suelen necesitar asesoría en tres contextos prácticos: preparación de una reestructuración, gestión de un concurso de acreedores o negociación de acuerdos extrajudiciales. A continuación se presentan escenarios concretos y basados en casos reales en la zona.
Una pyme turística local enfrenta retrasos de pago a proveedores tras la temporada alta. Un asesor legal puede analizar opciones de reestructuración temprana para evitar una insolvencia total y mantener operaciones.
Una empresa de servicios en Guia acumula deudas con la Seguridad Social y Hacienda; un abogado puede coordinar un plan de pagos y gestionar comunicaciones con la administración para evitar sanciones severas.
Una pequeña industria de artesanía debe decidir entre concurso voluntario o acuerdos con acreedores. Un letrado puede valorar la viabilidad y guiar el proceso para minimizar pérdidas.
Una empresa con deudas contenciosas y litigios pendientes necesita una estrategia de conservación de activos. Un asesor legal especializado en insolvencia puede priorizar activos y negociar convenios.
Un empresario quiere explorar una solución de reestructuración extrajudicial para salvar el negocio. Un abogado local puede diseñar un plan de viabilidad y coordinar con acreedores clave.
Ley de Enjuiciamiento Concursal y Ley Concursal. En España, la norma base es la Ley Concursal, como marco para concursos de acreedores, planes de viabilidad y liquidaciones. Esta normativa se aplica también en Guia y Canarias, con posibles adaptaciones regionales para ciertos procedimientos.
Código de Comercio y normas mercantiles aplicables. El Código de Comercio regula actos de comercio y ciertas fases de insolvencia, en particular para empresas con actividad mercantil. Sus principios influyen en la interpretación de la continuidad empresarial y de los derechos de acreedores.
Reglamentos y reformas relevantes a nivel nacional. Existen reglamentos y reformas que modifican plazos, requisitos y mecanismos de reestructuración. Estas actualizaciones pueden afectar la elegibilidad de acuerdos tempranos y la gestión de deudas.
En Guia, es frecuente que las comunidades autónomas precisen orientaciones administrativas sobre trámites y notificaciones en insolvencia. El asesor legal debe revisar tanto la normativa nacional como las normas locales para cada caso concreto.
“El objetivo de la Ley Concursal es garantizar una protección adecuada de acreedores y facilitar la viabilidad de empresas viables.”
https://www.gob.es
“La reestructuración temprana permite a las empresas evitar la insolvencia y mantener la actividad económica.”
https://www.mjusticia.gob.es
“El procedimiento concursal se organiza en fases de acuerdo entre acreedores y, cuando no es posible, en liquidación ordenada de la masa."
https://www.gob.es
Un concurso es un proceso judicial para resolver la situación de insolvencia de un deudor. Pueden iniciarlo el propio deudor, acreedores o petición del administrador si hay indicios de incapacidad de pago.
El procedimiento se activa mediante solicitud formal ante el órgano competente. Un letrado coordina informe de deudas, activos y plan de viabilidad, representa al cliente y negocia con acreedores.
Conviene cuando hay dudas de pago inminentes y no hay posibilidad razonable de cumplir obligaciones. Presentarlo con anticipación puede facilitar acuerdos y evitar sanciones.
La solicitud se presenta ante el juzgado mercantil competente. Se requieren balances, listado de acreedores, plan de viabilidad y relación de activos y pasivos.
Un plan de viabilidad demuestra que la empresa puede volver a pagar sus deudas si se corrigen flujos de caja y costos. Facilita acuerdos con acreedores y evita la liquidación.
Sí, las deudas y su clasificación influyen en la viabilidad del plan. Un abogado puede priorizar pagos y negociar rebajas o aplazamientos para promover la continuidad.
El mediador facilita acuerdos entre deudor y acreedores sin llegar a la resolución judicial. Es útil para lograr una solución rápida y evitar litigios prolongados.
La asesoría local entiende la normativa regional, gestiona trámites con rapidez y coordina contactos con autoridades y proveedores en la zona.
Los honorarios varían por complejidad y honorarios fijos o por horas. Un presupuesto inicial puede oscilar entre unos cientos a varios miles de euros.
La duración depende de la complejidad; en promedio, procesos simples pueden durar de 6 a 12 meses, mientras que casos complejos pueden extenderse más allá de un año.
Sí, es posible mediante acuerdos extrajudiciales con acreedores. Requiere negociación y, a veces, la intervención de mediadores o asesores legales.
La reestructuración extrajudicial es un acuerdo privado entre deudor y acreedores; el concurso formal implica intervención judicial y supervisión del tribunal.
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