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El concepto de Denunciante y Qui Tam proviene del False Claims Act (FCA) de Estados Unidos. Permite que una persona presente una demanda en nombre del Gobierno contra quien haya presentado reclamaciones falsas para obtener fondos públicos. En Phoenix, estas reclamaciones pueden involucrar programas federales como Medicare/Medicaid o contratos con entidades federales, y las demandas suelen gestionarse en el Distrito de Arizona.
El proceso de Qui Tam empieza con una demanda presentada por un particular llamado “relator” o denunciante. La demanda se presenta ante un tribunal federal y, por lo general, se mantiene en secreto durante un periodo inicial para que el gobierno decida si interviene. Si el gobierno se une o no se une, el denunciante puede recibir una parte de las recuperaciones resultantes.
En Phoenix, la jurisdicción correspondiente es el Distrito de Arizona, con sede en Phoenix. Los casos de fraude contra programas federales que afecten Arizona pueden ser investigados por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona y la División de Fraude.Cualquier persona interesada debe obtener asesoría legal especializada para entender derechos, plazos y estrategias de demanda.
En Phoenix, las reclamaciones de Denunciante y Qui Tam se sustentan principalmente en el marco federal del False Claims Act (FCA), que se aplica a reclamaciones contra programas federales en todo el país, incluido Arizona. Este marco establece la posibilidad de que particulares presenten demandas en nombre del Gobierno y participen de las recuperaciones.
Además, Arizona cuenta con su propio marco estatal conocido como Arizona False Claims Act (AFCA). Esta ley permite que denunciantes presenten reclamaciones falsas contra el Estado de Arizona y sus subdivisiones. Aunque los detalles y articulaciones pueden variar respecto al FCA federal, AFCA crea mecanismos de protección para los denunciantes y para la detección de fraude a nivel estatal.
La interacción entre FCA y AFCA puede ser compleja. En Phoenix, los casos provenientes de programas de salud estatales, contratos con entidades federales que operan en Arizona y reclamaciones presentadas a nivel estatal pueden implicar ambos marcos legales. Se recomienda consultar a un asesor legal con experiencia específica en FCA y AFCA para entender derechos, límites y estrategias en la jurisdicción de Distrito de Arizona.
“El False Claims Act permite a denunciantes presentar reclamaciones en nombre del Gobierno y recibir una parte de las recuperaciones.”
Fuente: U.S. Department of Justice - False Claims Act.
“Under the FCA, relators may receive 15-25% of the recoveries if the government intervenes; if the government declines, the share can be 25-30%.”
Fuente: U.S. Department of Justice - False Claims Act.
“Arizona's False Claims Act provides remedies for false claims against the State and its political subdivisions.”
Fuente: Arizona Attorney General.
Un Qui Tam es una demanda presentada por un denunciante en nombre del Gobierno. En Phoenix, la demanda se presenta en el Distrito de Arizona y puede implicar recuperación para el Gobierno y el denunciante. El proceso inicia con una denuncia sellada para permitir la revisión gubernamental.
La protección legal busca evitar represalias laborales contra quienes denuncian fraude. A nivel federal, el FCA protege a los denunciantes que presenten reclamaciones de buena fe. En Arizona, AFCA ofrece protecciones y procedimientos adicionales contra daños laborales o discriminación.
El Gobierno puede intervenir a través de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Arizona. Si interviene, la participación del Gobierno dicta el porcentaje de recompensa para el denunciante. El proceso de intervención puede durar varios meses.
Las demandas FCA se presentan en tribunales federales del Distrito de Arizona, con sede en Phoenix. Los casos suelen empezar con un periodo de seal de 60 días para decidir intervención, y pueden extenderse durante años dependiendo de la complejidad.
Sí. Si el Gobierno no interviene, el denunciante podría recibir entre 25 % y 30 % de las recuperaciones. Este porcentaje se define en el FCA y puede variar según el caso específico.
Fraude bajo FCA/AFCA incluye presentar reclamaciones falsas para obtener fondos federales o estatales. Ejemplos comunes: facturación indebida, servicios no prestados y cobros por productos no elegibles para financiamiento público.
Los costos pueden variar, pero muchos abogados trabajan por honorarios de contingencia. En caso de éxito, se paga una cuota acordada del porcentaje de recuperación. Si no hay éxito, el denunciante podría no pagar honorarios de forma directa.
Es imprescindible conservar documentos, facturas, correos y registros que muestren reclamaciones falsas. Un abogado puede ayudar a clasificar y presentar correctamente esa evidencia ante el tribunal.
La demanda federal sigue el FCA federal con un marco de sanciones y recompensas específico. AFCA se centra en reclamaciones contra el Estado y sus subdivisiones, con procedimientos y remedios estatales adicionales.
En ese caso, el denunciante puede recibir un porcentaje menor de las recuperaciones. El porcentaje varía según si la intervención se mantiene o se retira. El tribunal evalúa el reparto de ganancias según el acuerdo.
La demanda podría ser desestimada si no hay méritos suficientes. En algunos casos, el denunciante puede apelar o presentar una nueva demanda con evidencia adicional, siempre bajo la supervisión de un letrado.
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