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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son acuerdos de largo plazo entre autoridades públicas y empresas privadas para concebir, financiar, construir, operar y mantener proyectos de infraestructura o servicios. En Phoenix, estas asociaciones se usan principalmente para transporte, vivienda, servicios municipales y proyectos de infraestructura crítica. El objetivo es combinar recursos públicos con capacidades privadas para entregar proyectos de forma más eficiente y con gestión de riesgos compartida.
El marco legal general combina derecho administrativo, derecho de contratación pública y regulación sectorial. En Phoenix, las APP deben cumplir con las normas de contratación pública del estado y las políticas municipales aplicables. Un asesor legal puede ayudar a estructurar, negociar y ejecutar contratos que protejan intereses públicos y cumplan con plazos, presupuestos y estándares de calidad.
La experiencia de Phoenix en APP ha crecido con proyectos de transporte y servicios urbanos que requieren coordinación entre agencias, evaluaciones de viabilidad y mecanismos de pago basados en desempeño. Contar con asesoría legal especializada facilita la revisión de riesgos, la asignación de responsabilidades y la resolución de disputas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Según la Administración de Transporte de EE. UU., las asociaciones público-privadas son acuerdos a largo plazo que permiten que un socio privado aporte diseño, construcción, financiamiento y operación de un proyecto o servicio.
El GAO señala que las APP pueden trasladar ciertos riesgos operativos y de costo al sector privado cuando se negocian cláusulas adecuadas de rendimiento y pago.
La guía de prácticas de PPP de organizaciones técnicas y gubernamentales enfatiza la necesidad de transparencia, due diligence y evaluación de impacto público-privado en cada etapa del proyecto.
Arizona regula APPs principalmente a nivel estatal y, en Phoenix, a través de políticas municipales de contratación y asociaciones para proyectos de infraestructura. A continuación se mencionan leyes y reglamentos relevantes, con énfasis en su aplicación a Phoenix:
Las leyes descritas se aplican a proyectos en Phoenix y pueden requerir permisos, aprobaciones técnicas y conformidad con normas ambientales y de seguridad. Para todo proyecto, es fundamental realizar due diligence legal y revisar la viabilidad de la estructura de APP antes de avanzar.
Nota: las referencias y vigencias citadas deben verificarse con un abogado local actualizado, ya que las leyes pueden cambiar y existen guías técnicas específicas para cada tipo de proyecto.
Una APP es un convenio entre el sector público y privado para entregar un proyecto o servicio de infraestructura. Su objetivo es combinar recursos y experiencia para mejorar eficiencia, tiempos y calidad, manteniendo el control público sobre resultados clave.
Se inicia con la competencia pública y la identificación de necesidad. Luego se elaboran pliegos de participación, criterios de evaluación y un marco de contrato que, finalmente, se negocia y firma con el socio seleccionado.
Antes de emitir una RFQ/RFP, al analizar ofertas y en la negociación contractual. También durante la gestión de cambios, disputas y terminaciones para proteger intereses públicos.
Las propuestas deben presentarse ante la entidad pública responsable, como el Departamento de Finanzas y Contrataciones Públicas de la ciudad o la agencia estatal correspondiente, según el marco del proyecto.
Las cláusulas de rendimiento definen estándares, pagos y penalidades. Una formulación clara reduce disputas y garantiza que el socio privado cumpla metas de servicio y mantenimiento.
Sí. Muchos acuerdos incluyen mantenimiento, operación y renovación en fases, con pagos vinculados a niveles de servicio y duración del contrato para asegurar sustentabilidad.
Sí. Las garantías cubren responsabilidad, desempeño y posibles fallos. Los seguros deben contemplar riesgos de construcción, operación y responsabilidad civil. Es clave definir responsabilidades y límites.
La inversión varía según la complejidad del proyecto y la etapa. Sin embargo, evitar litigios, disputas y fallos contractuales suele justificar plenamente el costo de asesoría especializada.
En un P3 se distribuyen riesgos entre público y privado y se mantiene la operación a lo largo del tiempo; una concesión tradicional puede separar diseño/contrato de operación de forma distinta y a veces menos integrada.
Puede variar entre 6 y 18 meses, dependiendo del tamaño del proyecto, la cantidad de propuestas y la aprobación de etapas regulatorias. La fase de due diligence es determinante.
Se revisan viabilidad financiera, riesgos técnicos, cumplimiento ambiental, permisos, historial de desempeño del socio, y contingencias legales. Una auditoría independiente es recomendable.
Los costos directos pueden estar mejor distribuidos, con pagos a lo largo del ciclo de vida. Sin embargo, la evaluación debe incluir riesgos, financiamiento y posibles costos de terminación temprana.
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