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La Incapacidad del Seguro Social en Colombia cubre a las personas que, por enfermedad o accidente, no pueden realizar sus labores habituales. Se divide en incapacidad temporal y en invalidez, que da lugar a una prestación de mayor duración. El sistema combina prestaciones de salud gestionadas por las EPS y prestaciones monetarias gestionadas por Colpensiones u otras entidades según el régimen.
La incapacidad temporal se dicta por un médico de la EPS y puede durar semanas o meses, con un subsidio económico para el trabajador. La invalidez, o pensión de invalidez, es una prestación económica de largo plazo cuando la incapacidad es permanente. La tramitación implica pruebas médicas, revisión de grado de incapacidad y, a veces, recursos ante diferentes autoridades.
La Constitución establece que la seguridad social es un servicio público de finalidad social, y garantiza el acceso a salud y protección económica ante enfermedad o invalidez. Sus artículos fundamentales inspiran las normas posteriores sobre incapacidad y pensiones. La base constitucional impulsa la protección social como derecho de los trabajadores.
«La seguridad social tiene como finalidad proteger la salud y la seguridad económica de los trabajadores y sus familias.»
La Ley 100 crea el marco general del Sistema de Seguridad Social, normando afiliación, regímenes de salud y pensiones, y las bases para prestaciones en caso de incapacidad. Regula las entidades administradoras de salud (EPS) y las condiciones para obtener y sostener las prestaciones económicas por incapacidad y por invalidez. La ley fue expedida en 1993 y ha sido objeto de reformas para adaptar procedimientos y montos.
«El objetivo de la seguridad social es garantizar cobertura en salud, pensiones y riesgos laborales para los trabajadores.»
Este decreto consolida normas del sector salud y protección social, regulando trámites, dictámenes médicos y recursos relacionados con incapacidades y prestaciones. Establece procedimientos para la afiliación, las autorizaciones de tratamientos y las revisiones administrativas. Su vigencia desde 2016 facilita la uniformidad de trámites a nivel nacional.
Es la suspensión temporal de labores por una enfermedad, dictada por un médico de la EPS, con subsidio económico durante el periodo de incapacidad. Puede durar semanas o meses, según la evolución clínica.
Solicita la incapacidad al médico de cabecera de tu EPS y solicita el dictamen médico. Si la EPS niega, conviene asesoría legal para recursos y apelaciones.
El pago suele comenzar tras la evaluación médica y la emisión del dictamen. La duración depende del dictamen y de la evolución de la salud, pudiendo extenderse o terminar antes si hay mejora.
La pensión de invalidez se tramita ante la entidad de pensiones competente según el régimen (Colpensiones o la entidad correspondiente). Requiere dictámenes médicos y pruebas de discapacidad permanente.
La denegación puede deberse a pruebas insuficientes o criterios diferentes. Puede recurrirse mediante recursos administrativos y, si es necesario, acción judicial, con asesoría adecuada.
Sí. Un abogado especializado puede orientar la estrategia, gestionar pruebas médicas y presentar recursos en los plazos correspondientes. Esto tiende a mejorar la probabilidad de un resultado favorable.
En muchos casos, sí. El recurso de reconsideración permite revisar la decisión con nuevas pruebas o argumentos. Un letrado evalúa si conviene o no seguir avanzando.
Puede ser útil cuando hay discrepancias entre dictámenes. Un peritaje independiente aporta una segunda opinión clínica que respalde la reclamación.
Los honorarios pueden ser fijos o por porcentaje de la recuperación. También pueden existir costos de diligencias, copias y desplazamientos. Pregunta por el presupuesto inicial.
Sí. Pruebas recientes fortalecen tu caso. Es recomendable presentar exámenes y dictámenes compatibles con la solicitud y las revisiones solicitadas.
La incapacidad temporal es por enfermedad o lesión que no es permanente. La invalidez es una disminución permanente de la capacidad laboral que da derecho a una pensión.
Los plazos suelen ser cortos y varían según la autoridad (administrativa o jurisdiccional). Generalmente oscilan entre 15 y 30 días, por lo que conviene actuar con rapidez.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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