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En Argentina, el propietario es quien cede el uso de un inmueble a cambio de una renta, y el arrendatario es quien recibe ese uso y paga la renta. El marco legal busca equilibrar intereses, protegiendo la propiedad y garantizando condiciones de habitabilidad para la vivienda o uso comercial.
El derecho entre Propietario y Arrendatario se regula a través de contratos y normas específicas. El Código Civil y Comercial de la Nación regula las relaciones contractuales, incluidas las locaciones urbanas, y las leyes especiales complementan estas reglas para vivienda y uso comercial.
«El Código Civil y Comercial de la Nación regula las relaciones contractuales, incluidas las locaciones urbanas.»
«La Ley de Alquileres, Ley 27.551, regula la duración de los contratos y el incremento de rentas en Argentina.»
«El IPC es uno de los índices oficiales que se utiliza para actualizar rentas, según INDEC.»
Un contrato de locación especifica las partes, la descripción del inmueble, la renta, la duración y las obligaciones de mantenimiento. Debe detallar depósitos, responsabilidades de reparaciones y forma de pago.
La ley establece reglas de actualización vinculadas a índices oficiales y cláusulas de revisión. Es común que la actualización se base en el IPC publicado por INDEC.
La duración mínima varía según el tipo de inmueble. Al vencer, las partes pueden renovar, negociar nuevas condiciones o finalizar el contrato mediante el procedimiento legal correspondiente.
Puedes revisar textos oficiales en InfoLEG y Boletín Oficial. Estas fuentes contienen la legislación vigente y sus modificaciones.
Un abogado puede orientar sobre plazos, notificaciones, pruebas necesarias y recursos disponibles ante el juez para proteger derechos de propiedad o defensa frente a un desalojo indebido.
No. En general, la renta debe ajustarse conforme a condiciones legales y mediante aviso previo. Un letrado puede exigir cumplimiento o impugnar aumentos indebidos.
Los tiempos varían por jurisdicción y complejidad. En casos simples, la resolución puede demorar semanas a meses; en disputas complejas, puede extenderse más de un año.
Recomendable. Un asesor legal puede evitar cláusulas abusivas, aclarar responsabilidades y asegurar cumplimiento de la normativa vigente.
El arrendatario puede exigir reparaciones y, si no se cumplen, solicitar medidas correctivas o deducciones de la renta; un abogado puede gestionar reclamaciones formales.
Los contratos de vivienda suelen estar regulados por leyes de seguridad social y vivienda; los comerciales se rigen mayormente por el CCCN y normativas comerciales, con cláusulas más flexibles para el locatario.
En general, las mejoras deben acordarse entre las partes y pueden generar derechos de compensación o modificaciones al contrato. Un asesor puede evaluar el caso y evitar pérdidas.
Sí, con consentimiento de ambas partes, puede renegociarse la duración y las condiciones; un abogado puede redactar un anexo formal para evitar futuros conflictos.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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