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En Colombia, las entidades sin fines de lucro son personas jurídicas creadas para promover fines altruistas, sociales, culturales o educativos y no distribuyen utilidades entre sus integrantes. Su marco regulatorio abarca la creación, gobernanza, financiación, transparencia y relaciones con el Estado y donantes. Estas entidades deben cumplir obligaciones de registro, informes y control para conservar su estatus y recibir beneficios como exenciones fiscales o contratación con entidades públicas.
El derecho aplicable a estas organizaciones se apoya en la Constitución y en la normativa civil y tributaria que regula las personas jurídicas. La finalidad de las normas es garantizar la legitimidad, la rendición de cuentas y la transferencia de recursos hacia fines sociales de forma responsable y sostenible. Es clave entender las diferencias entre fundaciones, asociaciones y organizaciones de economía solidaria para saber qué requisitos se aplican a cada una.
En Colombia existen normas clave para las entidades sin ánimo de lucro, que abarcan desde derechos fundamentales hasta obligaciones de reporte y beneficios fiscales. A continuación se mencionan normas por nombre y su marco general.
Notas prácticas y cambios relevantes:
Las reformas y resoluciones administrativas pueden ampliar o restringir beneficios fiscales, exigir mayor transparencia y actualizar procesos de registro. Es recomendable revisar las circulares de la DIAN y las guías de la Superintendencia de Economía Solidaria para ver cambios recientes y criterios de elegibilidad.
La libertad de asociación se garantiza, y toda persona puede constituir asociaciones, fundaciones y demás formas sin ánimo de lucro para fines lícitos.
Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro pueden generar beneficios tributarios para quien las efectúa, sujeto a los requisitos legales vigentes.
Las entidades de economía solidaria están sujetas a la vigilancia y regulación de la Superintendencia de Economía Solidaria para garantizar transparencia y buen gobierno.
Una entidad sin ánimo de lucro es una organización que no reparte utilidades entre sus miembros y orienta sus recursos a fines sociales o comunitarios. Su gobernanza se rige por estatutos aprobados y por la normativa de personas jurídicas.
Se debe redactar un acto constitutivo, elaborar estatutos, designar junta directiva y presentar documentos ante la Cámara de Comercio. Además, se debe registrar y obtener la numeración tributaria cuando corresponda.
La renovación depende de la normativa local y del registro ante la Cámara de Comercio. En general, las entidades deben actualizar vigencias y informar cambios de junta, dirección y objeto social cada periodo.
El registro básico se realiza ante la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio de la entidad. También deben atender a registros ante DIAN para fines fiscales y ante la SES si corresponde al tipo de entidad.
La rendición de cuentas y la auditoría son requisitos para garantizar la confianza de donantes, entidades públicas y beneficiarios. La transparencia facilita la obtención de donaciones y contratos públicos.
Sí, pero debe cumplir normas de control de recursos y reportes ante autoridades. También pueden aplicar beneficios fiscales para donantes, sujeto a requisitos de la ley y la regulación vigente.
Sí, un abogado puede ayudar a estructurar donaciones, verificar beneficios fiscales, cumplir con las obligaciones tributarias y mantener la gobernanza conforme a la normativa.
La obligación varía según el tipo de entidad y su grado de actividad económica. Muchas ESAL deben preparar y, en algunos casos, auditar estados para transparencia y licitaciones.
Una fundación se crea para administrar un patrimonio destinado a fines sociales, sin distribuír utilidades. Una asociación es una unión de personas para un fin común, con reglas de convivencia y reparto de excedentes limitado.
Los costos pueden incluir honorarios por asesoría, revisión de estatutos, registros, asesoría en donaciones y cumplimiento fiscal. Los honorarios suelen depender de la complejidad y la duración del proyecto.
El tiempo varía con cada caso y la entidad. Un proceso típico puede tardar entre 4 y 12 semanas, si no hay impedimentos y la documentación está completa.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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