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La financiación de proyectos es una disciplina que estructura la inversión, la construcción y la explotación de infraestructuras y activos en España. Implica la creación de entidades dedicadas (SPV), el uso de financiación sindicada, y contratos complejos como EPC, O&M y PPA. El objetivo es distribuir riesgos entre promotores, inversores y contratistas, manteniendo la viabilidad financiera a largo plazo.
En España, los proyectos suelen requerir cumplimiento normativo en contratación pública, regulación energética, fiscalidad y solvencia. Un asesor legal especializado en project finance ayuda a seleccionar la estructura óptima, negociar contratos y garantizar la seguridad jurídica de cada fase. Este enfoque práctico reduce sorpresas regulatorias y facilita el cierre de financiación.
La LCSP regula la contratación pública en España, incluyendo licitaciones, adjudicaciones y contratos de concesión. Su objetivo es garantizar competencia, publicidad y transparencia en la contratación. Vigente desde noviembre de 2017, con reformas para incorporar herramientas de contratación electrónica y criterios de sostenibilidad.
La ley concursal regula procedimientos para insolvencias y restructuración de deudores. Busca facilitar la viabilidad de empresas en crisis y proteger a acreedores y trabajadores. Se ha ido actualizando para favorecer la reestructuración y la segunda oportunidad.
Este decreto consolida el régimen de sociedades mercantiles y su responsabilidad. Proporciona la base para la estructura de SPVs y la gobernanza societaria en proyectos de gran inversión. Vigente desde 2 de julio de 2010, con reformas para adaptar la normativa a la UE.
“La contratación pública en España se rige por la LCSP y busca transparencia, competencia y publicidad.” Justicia.gob.es
“La Ley Concursal tiene como objetivo facilitar la viabilidad de las empresas en crisis y minimizar el impacto social.” agenciatributaria.gob.es
“El marco de financiación de proyectos está sujeto a normativa fiscal y de regulación financiera, tanto a nivel nacional como europeo.” Mineco.gob.es
La financiación de proyectos cubre la estructuración, financiación y operación de grandes activos. Sirve para distribuir riesgos y asegurar viabilidad a largo plazo.
Project finance se apoya en flujos de caja del proyecto y SPV, con recursividad limitada para el promotor. En financiación corporativa, el crédito depende de la solvencia de la empresa matriz.
Antes de firmar el term sheet, para estructurar garantías, cláusulas de viabilidad y distribución de riesgos entre las partes.
La SPV se crea como entidad dedicada; los contratos clave (EPC, O&M, PPA) se negocian entre SPV y contratistas o compradores de energía.
La due diligence identifica riesgos de permisos, titularidad de activos y cumplimiento regulatorio que pueden afectar la financiación.
Sí, una SPV aísla activos y pasivos, mejora la distribución de riesgos y facilita la atracción de inversores y bancos.
Las garantías y avales son habituales para cubrir el riesgo de ejecución y crédito de la SPV y del proyecto.
Sí, la LCSP regula los procesos de contratación pública y establece requisitos de idoneidad y competencia.
La negociación típica oscila entre 4 y 12 semanas, dependiendo de la complejidad y de la aprobación regulatoria.
Debe evaluarse coste total, condiciones de salida, flexibilidad de covenants y el grado de recursividad para el promotor.
La due diligence suele durar entre 3 y 6 semanas, con revisión de permisos, contratos y estructura fiscal.
La mediación busca acuerdos voluntarios; el arbitraje ofrece una resolución vinculante y ejecución rápida de la sentencia.
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