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Restructuring and insolvency in Paraná follow the national framework established for Argentina, with procedures applicable in Entre Ríos province and the city of Paraná. The core mechanisms cover reorganizations to preserve viable businesses and orderly liquidations when necessary. Debtors and creditors may pursue judicial or extrajudicial paths, depending on the facts and the stage of the financial distress.
Two primary pathways shape most cases: a preventive restructuring to avoid collapse, and a formal insolvency process that leads to a restructuring agreement or liquidation. Local court rules and provincial procedural practices influence how these processes unfold in Paraná, but they rely on national statutory principles and forms. An experienced lawyer helps align facts with the correct procedural route and navigate court requirements efficiently.
The national laws governing restructurings and insolvencies apply in Paraná, with provincial procedural rules guiding court processes. Key statutes provide the framework for how debtors and creditors approach financial distress in Entre Ríos and the city of Paraná.
“La Ley Nacional de Concursos y Quiebras regula los procesos de reorganización y liquidación, incluyendo concurso preventivo y quiebra.”
Source: Ley 24.522 - normativa argentina
“El Código Civil y Comercial de la Nación regula las obligaciones y relaciones contractuales entre deudores y acreedores, complementando la normativa concursal.”
Source: Código Civil y Comercial de la Nación
Concurso preventivo busca una reestructuración con la aprobación de acreedores y supervisión judicial. La quiebra implica liquidar activos para pagar deudas cuando la viabilidad de la empresa no es recuperable. Es común comenzar por el concurso preventivo antes de considerar la quiebra.
Contrate a un abogado cuando enfrenta deudas significativas, riesgo de ejecución de bienes, o necesidad de negociar un plan de pagos. Un experto puede evaluar si existe posibilidad de acuerdo extrajudicial, concurso preventivo o quiebra, y operar con el tribunal competente.
Un deudor puede iniciar un concurso preventivo ante el tribunal competente cuando enfrenta dificultades para cumplir obligaciones exigibles. El procedimiento requiere documentación financiera y un plan de reestructuración para presentar a acreedores y al tribunal.
Las reglas básicas están en la Ley 24.522 y su reglamentación a nivel nacional, accesibles en el portal oficial. Los procedimientos locales se gestionan ante los tribunales civiles y comerciales de Entre Ríos y, en Paraná, ante el órgano correspondiente del Poder Judicial provincial.
La asesoría especializada puede ahorrar intereses, penalidades y costos legales a largo plazo mediante acuerdos favorables y una gestión más rápida de las etapas procesales. Un abogado determina honorarios basados en la complejidad y el tiempo necesario para resolver el caso.
Se recomienda encarecidamente contar con abogado. Los expedientes concursales implican requisitos formales, plazos estrictos y presentación de informes técnicos que requieren experiencia y conocimiento local.
Sí, en muchos casos un acuerdo extrajudicial permite acuerdos con condiciones más flexibles y menos litigios que un concurso formal. Un abogado puede negociar y estructurar un convenio apto para la aprobación judicial.
Generalmente sí. Un plan de reestructuración o convenio debe describir ingresos, costos, deudas, plazos de pago y garantías, para que el tribunal y los acreedores evalúen su viabilidad.
Las reglas básicas son nacionales, pero la provincia de Entre Ríos aplica procedimientos y penalidades a través de su código procesal local y la práctica de sus tribunales. En Paraná, las diligencias pueden requerir diligencias específicas ante el Poder Judicial provincial.
La duración varía con la complejidad, pero un proceso de reestructuración puede extenderse entre 6 y 18 meses, dependiendo de acuerdos con acreedores y la aprobación judicial de planes de pago.
Planes pueden ser rechazados si no alcanzan la viabilidad económica, no cumplen con la protección de los acreedores, o incumplen requisitos de transparencia y contabilidad. Un abogado prepara la propuesta para minimizar estos riesgos.
Las PYMES tienen mayor posibilidad de acceder a acuerdos preventivos o programas específicos de apoyo, siempre que demuestren viabilidad futura y un plan creíble de pago con supervisión judicial.
Los acreedores pueden presentar reclamaciones, votar planes y aceptar o impugnar acuerdos. La participación está regulada por el tribunal y el marco legal vigente para garantizar equidad entre todas las partes.
Un abogado puede asesorar sobre medidas de protección temporal, restricciones de ejecución y la estructuración de garantías compatibles con la reestructuración aprobada, evitando perjuicios innecesarios.
Reúna estados de resultados, balances, deudas detalladas, contratos, garantías, listas de acreedores y documentos fiscales. También prepare sus objetivos y límites para la negociación.
Sí, pero debe coordinar la transición para no perder plazos ni información clave. Asegure la transferencia de expedientes y documentos al nuevo abogado.
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