¿Pueden los accionistas minoritarios de una sociedad de responsabilidad limitada portuguesa exigir el acceso a las actas de las reuniones del órgano de administración y a las cuentas?

Como socio del 15 % de una sociedad de responsabilidad limitada (Lda) en Portugal, dispone de derechos legales específicos para exigir transparencia y control. En primer lugar, solicite formalmente, preferiblemente por escrito y con acuse de recibo, el acceso a las actas de asamblea y reuniones del órgano de administración, a los contratos y a las cuentas anuales más recientes. La ley portuguesa (Código de Sociedades Comerciales) reconoce el derecho de los socios a examinar los documentos sociales durante el horario de oficina y, con carácter general, a obtener copia de los mismos. En caso de negativa, puede instar a la convocatoria de una reunión de socios con el fin de aprobar dicha exigencia o para autorizar la designación de un auditor independiente, si lo considera necesario.

Si sospecha que se están adoptando decisiones sin la debida aprobación o en beneficio de partes vinculadas, solicite el nombramiento de un auditor o comisario de cuentas para revisar la gestión y la contabilidad. Asimismo, puede proponer la celebración de una junta general extraordinaria con el objeto de votar sobre cuestiones concretas o incluso la destitución y sustitución de los administradores responsabilizados.

Cuando existan indicios de irregularidades graves, tiene derecho a impugnar acuerdos sociales ante los tribunales competentes en Portugal. Para ello, debe presentar una demanda dentro del plazo legalmente previsto (generalmente tres meses desde la adopción del acuerdo impugnado) y aportar cualquier prueba de la falta de legitimación o del perjuicio ocasionado. También puede solicitar medidas cautelares para proteger los intereses de la sociedad y evitar daños irreparables mientras se resuelve el litigio.

Finalmente, considere recabar asesoramiento jurídico especializado para garantizar que sus solicitudes, requerimientos y posibles acciones judiciales se formulen con precisión y cumpliendo los requisitos procesales portugueses, con el fin de preservar sus derechos como socio minoritario y asegurar la legalidad de la gestión social.